Las autoridades de Honduras están investigando a más de 30 alcaldes por presuntos nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Si los escándalos de la narcopolítica en otros países de Latinoamérica sirven como indicador, es probable que este hecho sólo sea la punta del iceberg.
Tras recibir numerosos informes de mala conducta durante los últimos seis meses, el Ministerio Público de Honduras y el Tribunal Supremo de Cuentas investigarán una serie de reportes de abuso de autoridad, corrupción y nexos de políticos locales con el narcotráfico, informó Proceso Digital.
Marvin Ponce, consejero presidencial, aseguró que al menos 35 alcaldes y diputados locales están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado. Fuentes de las agencias de inteligencia del Estado dijeron a los medios locales que se encontraban investigando a por lo menos seis alcaldes sospechosos de colaborar con narcotraficantes, aunque sus nombres no fueron revelados.
Según Proceso, las autoridades hondureñas empezaron a tener sospechas cuando se hicieron públicas unas fotografías que mostraban los vínculos entre los políticos del occidente de Honduras con el clan narcotraficante de los Valle Valle. Los funcionarios también se encuentran investigando los presuntos nexos entre políticos de los departamentos de Colón y Altántida, en el norte del país, con Los Cachiros, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de Honduras.
Análisis de InSight Crime
Si bien estas investigaciones están enfocadas particularmente en áreas donde se concentran las operaciones de las redes de Los Cachiros y los Valle Valle, las acusaciones de nexos entre políticos locales y organizaciones criminales son apenas una muestra de un problema generalizado en el país.
De hecho, anteriormente el comisionado de derechos humanos de Honduras llamó al país un “nido” del narcotráfico y la narcopolítica; además, temas como la posible influencia de dinero “sucio” en las elecciones son una preocupación permanente. El mes pasado, las autoridades hondureñas arrestaron a un presunto narcotraficante fuertemente vinculado con la clase política del país; se trata de un hombre que fue incluido en la lista de capos (kingpin list) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2013, mientras se encontraba en medio de una campaña electoral para ganar un escaño en el Congreso del país.
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La colusión entre narcotraficantes y políticos no es un fenómeno exclusivo de Honduras. En Paraguay, el asesinato de un periodista en octubre de 2014 expuso los lazos entre políticos y narcotraficantes, lo cual terminó por desatar un escándalo de narcopolítica en el país. Así mismo, la desaparición de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero en septiembre pasado llevó al descubrimiento de vínculos entre el grupo criminal Guerreros Unidos y 11 alcaldes en el mismo estado implicados en actividades criminales. El crimen organizado en Perú ha contado tradicionalmente con políticos corruptos para asegurar la impunidad y facilitar sus actividades.
Dado que gran cantidad de narcotraficantes hondureños fueron extraditados a Estados Unidos el año pasado, quizá sólo sea cuestión de tiempo para que se comiencen a realizar nuevas investigaciones a otros políticos locales. Cuatro narcotraficantes hondureños extraditados ya afirmaron que no dudarán en proporcionar nombres a las autoridades si esto les genera una reducción en sus penas.
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