El general de la policía que dirige la persecución masiva del narcotraficante más buscado de Colombia es investigado por vínculos con el crimen, lo que acrecienta la preocupación de que la corrupción se mantenga entre los altos mandos de las fuerzas de seguridad en Colombia.
El general Luis Eduardo Martínez afronta cuatro investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y una investigación preliminar de la Fiscalía General en Colombia por acusaciones recurrentes sobre presuntos vínculos con narcotraficantes y grupos paramilitares, según El Colombiano.
Se acusa a Martínez de tener nexos con variados actores del mundo criminal, incluyendo la mafia de Medellín, conocida como la Oficina de Envigado, y el clan criminal Cifuentes Villa, ligado al Cartel de Sinaloa.
En el pasado, ha sido denunciado por numerosos criminales y paramilitares reconocidos, incluyendo el General Mauricio Santoyo —jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, extraditado a Estados Unidos en 2012 por cargos de narcotráfico— y el líder exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco".
Martínez, que niega cualquier acto por fuera de la ley, presentó una carta de los fiscales donde se declara que no se cursa investigación alguna en su contra por testimonios de paramilitares, y afirma que las actuales investigaciones son resultado de peticiones suyas para que las autoridades limpien su nombre luego de acusaciones presentadas por un anónimo, informó Vanguardia.
La controversia por las acusaciones contra Martínez salió nuevamente a flote por una audiencia reciente en el Senado para analizar su posible ascenso a General, y los que apoyan su ascenso afirman que las acusaciones hacen parte de una campaña de difamación en su contra. Martínez es el responsable de la búsqueda de Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel", líder de la organización criminal más poderosa de Colombia, Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El operativo en su contra es el mayor que se despliega en Colombia desde la persecución contra Pablo Escobar.
Análisis de InSight Crime
En décadas recientes, ha sido común la connivencia de altos mandos de seguridad en Colombia con el crimen organizado y con grupos paramilitares de extrema derecha, como lo evidenció el caso de Mauricio Santoyo, uno de los acusadores de Martínez.
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Sin embargo, Colombia ha hecho avances importantes en la depuración de sus organismos de seguridad, y ahora muchas veces los funcionarios dan la impresión de que la corrupción se ha relegado en mayor parte a funcionarios y personal de bajo rango. Sin embargo, siguen aflorando casos de participación de altos mandos, aunque más esporádicamente.
Por esta razón, las acusaciones contra Martínez suscitan dudas de si los altos mandos en las fuerzas de seguridad en Colombia siguen manteniendo vínculos con el crimen. Aunque estas acusaciones están lejos de probarse, en caso de que resultaran ciertas, la caída de un oficial con tantas condecoraciones como Martínez —y quien tiene a su cargo una operación de la magnitud de la persecución contra Otoniel— sería un revés importante y una vergüenza para las instituciones de seguridad del país.
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