Debido a un aumento en los asesinatos, Jamaica ha aprobado una ley que les permite al ejército y la policía lanzar operaciones especiales en zonas de alta criminalidad, pero esta agresiva estrategia de seguridad es contraria a las medidas preventivas y puede dar pie a abusos por parte de las fuerza de seguridad.
El 19 de julio, Jamaica promulgó la Ley de Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO por sus iniciales en inglés), que le da al primer ministro la facultad de declarar zonas para operaciones especiales en áreas donde se han identificado altas tasas de criminalidad, presencia de pandillas y violencia, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nacional, informó el Jamaica Gleaner.
Después de que se establezcan dichas zonas, un comando conjunto de fuerzas policiales y militares tendrá la autoridad para establecer un "cordón alrededor o dentro de la zona" por un período no superior a las 24 horas, o un "toque de queda […] que no exceda las 72 horas", durante el cual los ciudadanos deben permanecer en sus casas.
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Además, el comando conjunto "podrá inspeccionar cualquier lugar, vehículo o persona dentro de la zona, sin que medie una orden judicial", si existe la sospecha de que se ha cometido un crimen, o que se podría cometer. Durante las inspecciones, las autoridades pueden confiscar cualquier "vehículo, artículo o documento" que pueda resultar "de valor sustancial" para las investigaciones, con pocas excepciones.
Mientras realizan las operaciones en dichas zonas, los agentes deben registrar todas sus armas ante el Ministerio de Seguridad Nacional y están obligados a portar cámaras en sus uniformes.
Algunas de las medidas de la ley ZOSO también buscan mejorar aspectos sociales. Después de que un área haya sido declarada zona especial, el ministro establecerá un Comité de Intervención Social para evaluar las necesidades de la zona, crear un plan de desarrollo socioeconómico y ayudar a implementar programas de intervención del gobierno.
Análisis de InSight Crime
Dado que la tasa de homicidios de Jamaica podría alcanzar su nivel más alto en los últimos siete años, el país parece debatirse entre dos estrategias de seguridad diferentes. Por un lado, programas sociales, como cursos de formación dirigidos a estudiantes en riesgo, y, por el otro, iniciativas policiales, como la campaña "Incautemos Armas" (“Get the Guns”), lanzada en 2015 para interceptar armas de fuego ilegales, son estrategias que buscan abordar las causas de raíz de la creciente inseguridad.
Pero si bien la ley ZOSO incluye medidas preventivas, es además un giro hacia tácticas más agresivas, que incluye el despliegue de los militares en las calles. El uso de la fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad jamaiquinas es ya un problema grave, y la nueva ley podría facilitar las violaciones de los derechos humanos de los civiles.
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Canute Thompson, director del Centro del Caribe para la Planificación Educativa, considera que las nuevas medidas de seguridad son "anticuadas", y que sólo son "pañitos de agua tibia" para las zonas vulnerables, en lugar de representar un plan de "reducción sostenible".
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