La reciente captura de un capo ex-FARC, que controlaba grandes extensiones de territorio para el narcotráfico apunta a un escenario clave en la nueva era criminal en Colombia: la probabilidad de que antiguos integrantes del ejército guerrillero pasen a ser actores dominantes en el negocio transnacional de la cocaína.
Jefferson Chávez Toro, alias “Cachi”, fue uno de los hombres más buscados de Colombia. También había pasado por las filas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los posibles miles que eligieron no desmovilizarse en 2017 en el marco de un histórico acuerdo de paz con el gobierno.
Las autoridades arrestaron a Cachi el 13 de marzo en la ciudad de Pereira, oeste de Colombia. Está sindicado de ser el segundo al mando de Los de Guacho, grupo conformado por ex-FARC criminalizados que opera en el departamento de Nariño bajo el nombre de su jefe, Walter Arizala, alias “Guacho”.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que el grupo de Guacho tiene un pie de fuerza de más de 300 hombres, y está “al servicio del cartel de Sinaloa [de México]”.
Los boletines de prensa de la policía y el Ministerio de Defensa afirman que Cachi era el jefe de finanzas del grupo y estaba a cargo de la operación de narcotráfico y del control social, y era tan importante para la organización como el mismo Guacho. El Tiempo informó que las comunidades locales acusaron a Cachi de obligarlos a participar en protestas violentas contra los erradicadores de la fuerza pública.
Específicamente, Cachi dirigía la producción y venta de cocaína en capital de esta droga en Colombia, Tumaco, y a todo lo largo de la remota frontera con Ecuador, donde tenía sus laboratorios. Desde allí, se enviaban los narcóticos a Centroamérica y Estados Unidos, según el Ministerio de Defensa y El Tiempo.
Por consiguiente, el territorio de Cachi se asienta en uno de los ejes de producción de coca más densos de Colombia, con acceso a dos puntos de salida importantes: el océano Pacífico y Ecuador. También lo atraviesa una línea de abastecimiento vital para la cocaína que se produce en Nariño: el Oleoducto Transandino (OTA), del cual el grupo sustrae millones de galones de gasolina al año, gran parte de la cual se usa para el procesamiento de la cocaína.
Análisis de InSight Crime
Lo que se empieza a conocer de la organización de Guacho ofrece tres lecciones básicas.
En primer lugar, respalda la teoría de que los disidentes de las FARC van directo a convertirse en la nueva gran red de narcotráfico en Colombia. Como se detalla en una nueva investigación de InSight Crime, la nueva “ex-FARC mafia” tiene la experticia militar y la experiencia en el negocio de la cocaína para manejar sus propias redes transnacionales. La operación transnacional de Cachi en este rincón altamente estratégico de Colombia es una muestra de lo que hemos denominado las “FARCRIM”, y del alcance que ya tienen estas nuevas organizaciones.
En asocio suyo están los carteles de México, que han estado ampliando su presencia en Colombia. En la investigación de campo conducida por InSight Crime en Nariño el año pasado, supimos de la participación de los mexicanos en el negocio de la droga, mediante la contratación de servicios con grupos locales. Este sistema parece haberse sofisticado, con la contratación de ingenieros agrónomos mexicanos por parte de Guacho con el fin de elevar la productividad de los sembrados locales de coca, según las noticias que citan al fiscal general.
Sin embargo, no sorprende tanto que exista un vínculo directo entre los mexicanos y los ex-FARC en Nariño. Antes de su desmovilización, el mayor escuadrón de las FARC en Tumaco (el frente Daniel Aldana, del que Guacho desertó) presuntamente operaba en asociación con los de Sinaloa en narcotráfico.
Por último, la emergencia de grupos criminales ex-FARC como el de Guacho amenazan el buen término del acuerdo de paz del que tomaron distancia. Según las autoridades, el grupo ha impedido el avance del proceso de sustitución de cultivos de coca en la zona, una iniciativa creada por el acuerdo de paz, que busca sacar de la pobreza a los cocaleros con opciones de cultivos legales. Y han tenido éxito en el reclutamiento; según informaciones la organización de Guacho es hoy seis veces mayor que cuando Guacho desertó en 2016.
La existencia misma de estos grupos perjudica el resurgimiento de la FARC como partido político, y es un mal antecedente para otra crucial negociación de paz: con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se reanudó esta esta semana luego de algunos serios problemas.
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