Durante un juicio que se está adelantando en El Salvador, se ha señalado que un líder pandillero tuvo contactos regulares con políticos y otros funcionarios del gobierno, a pesar de que el expresidente recientemente declaró que la tregua no había implicado contacto directo entre ambas partes.
La evidencia obtenida del celular del presunto pandillero Rubén Antonio Rosa Lovo, quien enfrenta cargos de extorsión junto con otros 67 supuestos pandilleros, sugiere que funcionarios del gobierno estuvieron en contacto con líderes de las pandillas durante la tregua de pandillas entre 2012 y 2013, informó La Prensa Gráfica.
Según los fiscales, el análisis pericial del teléfono del supuesto líder sugiere que Rosa Lovo estuvo en contacto con "un congresista" y "un exministro de Seguridad".
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Al parecer, las comunicaciones obtenidas del teléfono del presunto líder muestran los detalles de una conversación en la que Rosa Lovo se compromete a conseguirle votos a cierto legislador a cambio de cooperación y apoyo a la finalizada tregua entre las pandillas.
David Munguía Payés y Ricardo Perdomo ejercieron como ministros de Seguridad del expresidente Mauricio Funes en diferentes momentos durante el período que duró la tregua.
Mientras la tregua estuvo vigente, las principales pandillas, como la MS13 y Barrio 18, se comprometieron a detener los actos violentos, y por lo tanto los niveles de homicidio disminuyeron. Funes ha dicho recientemente que el gobierno no estuvo involucrado directamente en la negociación con las pandillas, y que sólo apoyó a los mediadores que negociaron la tregua.
Análisis de InSight Crime
La tregua entre las pandillas de El Salvador fue polémica desde el principio. Recientemente, sin embargo, sus detractores parecen estar lanzando críticas más agudas, como un intento de censurar las actuaciones de la administración anterior, mientras que Funes parece estar cada vez más dispuesto a negar el presunto papel del gobierno en la iniciativa.
El juicio al que hace referencia La Prensa Gráfica no es el único caso en que ha aparecido evidencia judicial que indica que hubo contacto entre los líderes de las pandillas y funcionarios importantes. En un caso anterior, un testigo protegido declaró que Raúl Mijango —uno de los mediadores de la tregua que el gobierno de Funes ha dicho que apoyó— aprobó el ataque de una pandilla a una comisaría de policía.
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Los críticos de la tregua entre pandillas han argumentado que dicha iniciativa les dio a Barrio 18 y MS13 el respiro que necesitaban para reorganizarse, consolidarse y fortalecerse. Uno de los temores es que la tregua les haya permitido a las pandillas —en particular a la MS13— convertirse en estructuras criminales más sofisticadas, capaces de traficar drogas o armas a nivel internacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos parece admitir que este puede ser el caso, dado que anunció nuevas sanciones contra los dirigentes de la MS13 por "orquestar campañas de asesinato contra funcionarios de la policía, el ejército y el gobierno salvadoreños". El Departamento del Tesoro incluyó a la MS13 en su lista de organizaciones del crimen transnacional (OTC) en 2012.
Sin duda, las recientes sanciones del Departamento del Tesoro parecen estar del lado de quienes creen que la tregua entre pandillas fortaleció a la MS13. Todo esto, junto con las afirmaciones de que funcionarios del gobierno tuvieron contactos más estrechos con los pandilleros de lo que ahora dicen, en última instancia hace más difícil que se pueda proponer el trabajo con las pandillas como una manera de reducir la violencia y los índices de muertes.
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