Las autoridades de El Salvador han arrestado a tres jueces antimafia, acusados de aceptar sobornos de organizaciones criminales, lo que destaca la corrupción que plaga el sistema judicial del país y que permite que la impunidad florezca.
El 12 de agosto, autoridades salvadoreñas detuvieron a tres jueces de la ciudad de San Miguel, al oriente del país, acusados de recibir dinero a cambio de favorecer a imputados de procesos penales, según informó El Diario de Hoy. La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los jueces como parte de una red que también incluye abogados, fiscales, policías y empleados judiciales.
El arresto se produjo luego de que 15 magistrados de la Sala de lo Constitucional del país aprobaran retirar la inmunidad a los tres jueces, informó La Prensa Gráfica.
Según Prensa Libre, los jueces trabajaban en tribunales especializados que atienden los delitos más graves y complejos, incluyendo aquellos relacionados con el crimen organizado, tales como homicidios cometidos por las pandillas, secuestros, narcotráfico y lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones sobre jueces que aceptan sobornos de poderosos criminales no son nada nuevo en El Salvador, y las revelaciones en 2012 de que el 80 por ciento de los jueces del país tenían investigaciones abiertas, muestran qué tan generalizada está la corrupción judicial.
Teniendo en cuenta la corrupción desenfrenada en las fuerzas de seguridad y otras instituciones del Estado, así como la protección ofrecida a las organizaciones criminales por parte de políticos poderosos, no es de extrañar que las tasas de impunidad de El Salvador estén alrededor del 90 por ciento. Sin embargo, El Salvador no se encuentra sólo en esto pues sus vecinos Guatemala y Honduras sufren de manera similar.
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No obstante, este tipo de casos no siempre son tan claros. Los poderosos grupos criminales a menudo ponen a oficiales y políticos en situaciones difíciles, forzándolos a elegir entre trabajar con el grupo o enfrentar amenazas de muerte. Recientemente, un oficial en la vecina Honduras afirmó que las amenazas en contra de los jueces habían aumentado, y le pidió al Estado proporcionar protección.
Muchos jueces también enfrentan fuertes presiones políticas, como parece ser el caso de Guatemala durante el juicio a Ríos Montt, donde el histórico veredicto que condenaba al antiguo dictador fue rápidamente anulado por jueces presuntamente bajo una fuerte presión política.
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