El arresto de 12 funcionarios judiciales, acusados de hurtar cientos de miles de dólares de procesos criminales, pone de relieve la necesidad urgente de sanear el sistema de justicia de El Salvador.
La Fiscalía General de El Salvador arrestó a 12 miembros de una red criminal que presuntamente se apropió de US$300.000 a través de un esquema mediante el cual varios funcionarios judiciales absolvían a asesinos, narcotraficantes y extorsionadores, jueces de alto rango
Según los investigadores, varios acusados de lavado de dinero fueron absueltos por jueces corruptos, luego de lo cual permitían que los acusados se marcharan sin exigir que se les devolviera el dinero confiscado. En otros casos, los jueces autorizaban la devolución del dinero decomisado —que en un caso llegaba a los US$ 150.000— pero para luego distribuir el dinero entre otros funcionarios corruptos involucrados en el esquema.
La red estaba conformada por tres jueces que ya estaban siendo investigados por soborno —sólo uno de los cuales ha sido suspendido—; dos exfiscales de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador (UIF) y varios abogados.
El caso contra estos funcionarios se construyó con base en el testimonio presentado por un testigo protegido, llamado “Ades”, que en algún momento participó en la red criminal.
Ades dijo que las actividades de la red permitían que las personas acusadas de delitos graves fueran injustamente absueltas o que se les redujeran sus penas de prisión, aparentemente a cambio de cuantiosos sobornos.
Se están adelantando investigaciones para determinar si el exdirector de la UIF, Rolando Monroy, entre otros funcionarios, también participó en el programa, informó El Mundo.
Análisis de InSight Crime
Casos como éste demuestran lo disfuncional que es el sector judicial de El Salvador, tanto en términos de corrupción como en la incapacidad de las autoridades para atrapar a los funcionarios corruptos. Los escándalos de soborno que involucran a jueces de alto rango no son infrecuentes: en 2012, supuestamente el 80 por ciento de los jueces del país estaban siendo investigados.
Sin embargo, la capacidad de los órganos judiciales de El Salvador para construir casos exitosos contra los funcionarios corruptos es extremadamente limitada. Se estima que la impunidad en el país es de un 90 por ciento. En particular, este último caso al parecer sólo se materializó como resultado del testimonio de un solo testigo protegido.
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La ineficiencia del sistema de justicia ha contribuido a que con frecuencia las fuerzas de seguridad salvadoreñas tomen la justicia en sus propias manos. Este año, la policía ha aumentado sus tácticas agresivas, y al parecer ha conformado escuadrones de la muerte contra las pandillas del país, por lo cual ha habido llamados para que la policía vuelva a tomar el mando.
La falta de confianza de la policía en los tribunales está contribuyendo al caos general en El Salvador, pero quizá el país no tenga que mirar muy lejos para encontrar un ejemplo de la mejor manera de abordar la reforma judicial. Los recientes hechos en Guatemala sugieren que capacitar a los fiscales en la elaboración de casos utilizando pruebas técnicas, como correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas, puede tener un impacto enorme. Muchos casos que se adelantan en El Salvador dependen sobre todo de testimonio de testigos, lo que significa que si nadie es sorprendido en el acto, o si no hay informantes dispuestos a colaborar, la investigación se estanca.
Guatemala logró entrenar a sus fiscales en parte debido a su organismo contra la impunidad respaldado por la ONU, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual finalmente dio como resultado la renuncia y el arresto del expresidente Otto Pérez, en septiembre de 2015, por cargos de corrupción. Pero dado que El Salvador rechazó recientemente la posibilidad de establecer una institución similar, el país puede seguir dependiendo excesivamente de las pruebas testimoniales, que son menos fáciles de conseguir.
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