Los jueces de México han roto el silencio sobre la intimidación que reciben por parte de los grupos criminales, lo cual ilustra la importancia de las medidas para proteger al sistema judicial del país y garantizar la imparcialidad y la integridad judiciales.
El reciente asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías ha generado temor entre otros funcionarios judiciales y permite recordar que los grupos del crimen organizado tienen un gran poder. Bermúdez Zacarías estaba manejando el proceso de la extradición del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“El miedo te paraliza”, le dijo a El País un juez mexicano que pidió mantener su nombre en reserva. “He tenido y tengo mucha precaución. Hay que poner siempre un freno, decirles que no. Pero cuando pasan situaciones como la del asesinato del juez Bermúdez, uno se da cuenta de que debe tener todavía más cautela”.
El juez agregó que la amenaza más seria que enfrenta proviene de los abogados defensores de los criminales. Otro juez federal, quien también pidió mantener su nombre en reserva, expresó el mismo sentimiento.
“Los abogados son los que te transmiten la amenaza, casi siempre de manera indirecta, ellos lo llaman ‘sugerencia’”, le dijo el juez federal a El País.
Esta dinámica ha contribuido a la impunidad generalizada por crímenes graves en México. Más del 90 por ciento de los asesinatos se quedan sin resolver —una estadística alarmante que muestra las grandes deficiencias del sistema judicial en general—.
“Los jueces están condenados a mantenerse en la mediocridad y [mostrar] discreción con el fin de mantener la estabilidad”, dijo Armando Ismael Maitre, presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Es relativamente raro que los jueces federales de México sean blanco de los grupos del crimen organizado. Bermúdez es sólo el sexto juez federal asesinado en México en los últimos 16 años. Sin embargo, es más común que se presente violencia e intimidación contra los jueces locales.
Análisis de InSight Crime
La violencia contra los jueces ha generado un clima de miedo en México, que ha afectado el buen funcionamiento del sistema judicial en el país. Los jueces no pueden tomar decisiones imparciales si sienten que los grupos criminales tomarán venganza violentamente. En la práctica, esto significa que muchos criminales peligrosos —y con buenas conexiones— nunca enfrentarán a la justicia, lo que les permite continuar sus actividades ilícitas.
Sin embargo, los organismos gubernamentales y los defensores de los derechos humanos han presentado algunas posibles soluciones para este problema. Una de las propuestas de reforma implica proveer anonimato a los jueces, lo que a veces se denomina como jueces “invisibles”. Si los criminales no pueden identificar a los jueces que están llevando sus casos, eso reduciría su capacidad de atacarlos con amenazas y acciones violentas. Sin embargo, la idea de jueces anónimos va en contra de la actual reforma a la justicia criminal de México, que hace énfasis en aumentar la transparencia judicial.
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Otro asunto es la protección física de los jueces que están en peligro de ser blanco de los grupos criminales. Según El País, sólo 74 magistrados federales, de un total de 1.391 a nivel nacional, han recibido medidas de seguridad adecuadas. La asignación de mayores recursos para proveer protección a los jueces podría ayudar a reducir la probabilidad de que las amenazas violentas realmente se lleven a cabo.
Sin embargo, hay una serie de obstáculos para alcanzar esta meta. Por un lado, el gobierno mexicano tiene recursos limitados, y brindar mayor seguridad a los funcionarios judiciales quizá sería un reto. Por otro lado, los altos niveles de corrupción en el poder judicial y la desconfianza popular pueden hacer difícil que los políticos aumenten el presupuesto para dichas medidas.
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