La reciente decisión de dos jueces suplentes en Guatemala de dejar en libertad a una decena de personas implicadas en el caso de fraude aduanero que llevó a la caída del gobierno anterior en 2015, ha despertado dudas sobre posibles presiones y sobre el funcionamiento de la justicia en el país.
En las últimas dos semanas han recibido medidas sustitutivas a la prisión 10 de las más de 30 personas sindicadas de pertenecer a la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, uno de los casos por el cual se encuentran actualmente en prisión preventiva el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Las decisiones fueron tomadas por los jueces sustitutos Fredy Ariel Leonardo Hernández, quien autorizó que siete personas salieran de prisión bajo fianza; y María Mercedes Rodríguez, quien decidió liberar a tres, mientras el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, se encuentra de vacaciones.
Entre los beneficiados, algunos de los cuales argumentaron que tenían supuestos problemas médicos, se encuentran la exintendente de la Superintendecia de Administración Tributaria (SAT), Claudia Méndez y el exadministrador de Puerto Quetzal, Melvin Alvarado.
Según Prensa Libre, en junio de 2018 al menos 24 personas sindicadas en el caso han pedido medidas sustitutivas. Tanto Pérez Molina como Baldetti han hecho numerosos intentos por dejar la prisión aduciendo supuestos problemas de salud, pero han sido rechazados por Gálvez.
Análisis de InSight Crime
La decisión de los jueces de dejar salir de prisión a miembros de la estructura criminal y beneficiarlos con arresto domiciliario a pesar de la oposición de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sienta un precedente cuestionable para el desarrollo de uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el país.
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló a InSight Crime que además de que en el caso todavía hay órdenes de captura pendientes, algunos de los beneficiados podrían utilizar su posición en la SAT para influir en los testigos, lo que podría constituir una obstrucción a la averiguación de la verdad.
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El caso además genera sospechas sobre presiones que podrían existir por parte de los grupos de poder interesados en obstruir el caso y da muestra del alcance de las capacidades que tienen las redes de corrupción y su posible interés de interferir en investigaciones importantes.
Por otro lado, independientemente de si los jueces recibieron presiones o no, los beneficios recibidos por los sindicados son ilustrativos de problemáticas más complejas y estructurales en el sistema de justicia guatemalteco, como la falta de regulación en la asignación de casos a jueces suplentes y una legislación débil en cuanto a las normas que regulan las competencias y capacidades de los jueces y abogados.
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