En una movida esperada desde hace algún tiempo, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha retirado oficialmente a un exdirector del juzgado de la niñez, luego de haber sido acusado de facilitar adopciones ilegales. Este caso destaca el crítico papel que juegan los funcionarios corruptos en las redes que se encuentran detrás de un comercio criminal que alguna vez prosperó en el país de Centroamérica, y el cual algunos han sugerido que podría estar comenzando a aumentar de nuevo.
Las autoridades de Guatemala han vinculado al juez Mario Fernando Peralta Castañeda a por lo menos 37 "anomalías" relacionadas con procesos de adopción durante su gestión como titular del Juzgado de la Niñez y Adolescencia en el departamento de Escuintla, informó Prensa Libre.
En concreto, las autoridades guatemaltecas, trabajando junto con una unidad especial de investigación de las Naciones Unidas, conocida como la CICIG, señalaron que Peralta estaba incurriendo en "lavado de niños", un proceso mediante el cual se limpian o alteran los registros de los niños adoptados para garantizar que los padres biológicos no puedan volver a encontrarlos.
Peralta ha estado en prisión preventiva desde 2011 y ahora deberá ir a juicio en octubre por asociación ilícita, trata de personas, prevaricato, conspiración y denegación de justicia, y por conformar una estructura de personas que actuaba con el ánimo de lucrarse de la adopción irregular, informó EFE.
Análisis de InSight Crime
Con los años, Guatemala ganó una reputación como centro de adopción ilegal y muchos niños se fueron a vivir a Estados Unidos con los nuevos padres. Desde entonces, Guatemala y Estados Unidos han dejado de facilitar las adopciones debido a las irregularidades.
En 2010, la CICIG realizó un análisis de más de 3.342 expedientes de adopción de todo el país y encontró que más del 60 por ciento de ellos tenían irregularidades. Según el informe, la demanda desde el exterior ha provocado la formación de redes que amenazan y coaccionan a las madres, o que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para robar o comprar ilegalmente a sus hijos.
Las redes involucradas operan en los diferentes eslabones de la cadena de distribución, desde llevar a los niños a las agencias de adopción hasta encontrar a los futuros padres. El caso de Peralta demuestra cómo los funcionarios corruptos, que tienen la autoridad para firmar el papeleo y proporcionar una fachada de legitimidad al proceso, son un nodo clave en estas redes.
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Peralta no es el único funcionario de alto rango que se ha visto involucrado en un escándalo de adopción. En 2010 el fiscal general del país Conrado Reyes también fue destituido de su cargo a raíz de una serie de acusaciones por vínculos con redes ilegales de adopción y con el narcotráfico.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de Guatemala para hacer frente a la explotación infantil y a la trata, las Naciones Unidas han citado la fragmentación institucional y la falta de coordinación como los factores que han impedido prestar una protección adecuada a la niñez del país. En 2013, los organismos que velan por los derechos de la niñez advirtieron sobre el incremento en los bebés que son robados de sus hogares en Guatemala y vendidos a los futuros padres de otros países por entre US$15.000 y US$50.000.
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