Los legisladores de Guatemala votaron a favor de revocar la inmunidad judicial de un juez sospechoso de colaborar en un esquema de corrupción portuaria que ha alcanzado a los más altos niveles del gobierno, un claro avance en una importante investigación sobre corrupción que al parecer se extenderá aún más.
En una votación de 136-0, el Congreso Nacional de Guatemala revocó la inmunidad del magistrado Douglas Charchal, sospechoso de traficar influencias para alterar el resultado de las solicitudes de licencias para la construcción de un puerto, informó La Prensa.
Los cargos están relacionados con una investigación mayor sobre corrupción, conocida como el caso Terminal Contenedores Quetzal (TCQ), por la cual el derrocado expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti continúan acusados de recibir más de US$25 millones en sobornos a una empresa española, Grup TCB, en un intento por ganar una concesión para la construcción de una nueva terminal en las instalaciones de TCQ. El TCQ, situado en el Puerto Quetzal en la costa del Pacífico del país, es el puerto de contenedores más grande de Guatemala.
Ahora que su inmunidad judicial ha sido revocada por el legislativo, Charchal podrá enfrentar cargos formales por tráfico de influencias. Específicamente, él está acusado de ejercer presión sobre conexiones personales para garantizar un resultado favorable para Grup TCB en la revisión de la solicitud de licencias de construcción por parte de un tribunal regional con jurisdicción sobre las instalaciones portuarias. ElPeriodico informó que Charchal recibió una Range Rover nueva y blindada de parte de la empresa.
“Creemos que hay indicios que corroboran algún tipo de vínculo con el juez, y creemos que lo más razonable es que se le aclare su situación ante un juez”, dijo el diputado Orlando Blanco.
Charchal ya había presentado una petición provisional ante la Corte Constitucional del país, solicitando protección frente a un juzgamiento, antes de la votación del legislativo. El Tribunal Constitucional negó esa petición el 10 de mayo.
Vladimir Aguilar, exfiscal general de Guatemala y actual magistrado, también enfrenta cargos por vinculaciones con el esquema de corrupción de TCQ.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, ha liderado la investigación de TCQ conjuntamente con el Ministerio Público de Guatemala.
Análisis de InSight Crime
A medida que el caso avanza y se dan pasos concretos para levantar cargos contra Charchal, sigue abierta la pregunta acerca de qué tanto se extenderá la investigación. Los cargos en el caso TCQ ya alcanzaron los más altos niveles del gobierno, pues el expresidente y la ex vicepresidenta están implicados directamente, pero si los fiscales deciden levantar cargos contra los españoles vinculados al esquema de corrupción, ello representaría una expansión sin precedentes de los alcances de la CICIG, dado que hasta la fecha su trabajo se ha centrado exclusivamente en investigaciones de carácter nacional.
Independientemente de si la investigación se expande internacionalmente, a medida que el caso avance es probable que empañe aún más la reputación de Pérez Molina y de Baldetti, quienes se encuentran detenidos y en espera de un juicio por sendos cargos de corrupción relacionados con una red de fraude aduanero.
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