Las autoridades de Guatemala acusaron a una jueza de aceptar sobornos en un importante caso de fraude aduanero, una señal de los desafíos que se ciernen sobre el sistema de justicia de Guatemala, cuando los tribunales se aprestan a procesar varias investigaciones de peso por corrupción.
En abril, la jueza Marta Josefina Sierra de Stalling envió a la cárcel en prisión preventiva a dieciséis acusados, por su presunta participación en el masivo plan de fraude aduanero, conocido como "La Línea". Más adelante este escándalo dio lugar a la caída del presidente y la vicepresidenta de Guatemala, quienes ayudaron a dirigir la red criminal.
En mayo, sin embargo, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) avalada por las Naciones Unidas acusó a Sierra de Stalling de aceptar coimas de los abogados que representaban a seis de los acusados, a cambio de que dictaminara arresto domiciliario para sus clientes en lugar de mantenerlos en la cárcel. Según ElPeriodico, el hijo de Sierra de Stalling, Roberto, sirvió supuestamente como mediador entre Sierra de Stalling y los apoderados.
Después de examinar las conversaciones telefónicas interceptadas y otra información recopilada por los investigadores, el Ministerio Público de Guatemala dice que ahora tiene evidencia suficiente para acusar formalmente a la jueza por cohecho pasivo y corrupción.
A lo largo de la investigación, la misma Sierra de Stalling había sido enviada a la cárcel y se le había concedido el arresto domiciliario, pero se ordenó su regreso a la cárcel a comienzos de esta semana.
Análisis de InSight Crime
Al igual que las formulaciones de cargos de los implicados en el escándalo de La Línea, el levantamiento formal de cargos contra Sierra de Stalling es una evidencia más de la capacidad cada vez mayor del sistema de justicia guatemalteco para procesar a funcionarios corruptos. Por otro lado, las presuntas acciones de Sierra de Stalling también destacan la facilidad con la que el trabajo investigativo de fiscales y la policía puede verse saboteado por jueces corruptos en un juzgado.
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Las investigaciones anteriores de la CICIG han revelado otras redes de abogados y jueces corruptos que, como en el caso de Sierra, aceptarán sobornos a cambio de dictámenes favorables. Los abogados de esas firmas —a quienes la CICIG apodó "bufetes de la impunidad"— conectan a sus clientes con jueces corruptos, quienes dan un trato preferencial a sus acusados a cambio de coimas.
Es esperanzador que los fiscales del Ministerio Público, con ayuda de la CICIG, lograran recabar la evidencia necesaria para formular acusaciones formales contra Sierra de Stalling. Pero también valga decir que los reformadores aún tienen un largo camino por recorrer, para asegurarse de que los demás casos de alto perfil no se vean descarrilados por la corrupción en los tribunales.
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