Una jueza de un tribunal civil de Florida ordenó la devolución de varios aviones al prominente empresario salvadoreño Enrique Rais luego de que el alguacil del condado Martin dejara el caso que demandaba su decomiso.
La jueza del circuito 19 de Florida Barbara Bronis cerró el caso el 6 de junio y ordenó devolver a Rais los tres aviones y un helicóptero. En un fallo anterior, la jueza halló causa probable para el decomiso de las naves con base en la investigación del jefe de policía en la que se aseveraba que estaban registradas ilegalmente en Estados Unidos. La petición del jefe decía que los perros detectores de narcóticos habían despertado sospechas sobre el avión.
“Este día se han retirado todos los cargos, después de que se revisaran todos los datos e informes de los laboratorios y que confirmaran en un 100% de que nunca hubo presencia de drogas, ni de trazos de cualquier otra sustancia ilícita en las aeronaves”, citó a Rais el sitio web de La Página.
Análisis de InSight Crime
Fuentes cercanas a las autoridades federales en Estados Unidos, que hablaron a condición de guardar el anonimato citando una investigación en curso, dijeron a InSight Crime que no se realizó prueba alguna aparte de la hecha por la unidad canina K-9, del jefe de policía. Las fuentes añadieron que Rais sigue siendo persona de interés para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
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Algunos de los mismos aviones también están en el centro de una investigación del Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador. El tribunal indaga el uso que el exfiscal general Luis Martínez hizo de la aeronave en una época en que se juzgaba a Rais por fraude administrativo.
El caso de fraude comprende una denuncia interpuesta por dos antiguos socios comerciales de Rais, ambos canadienses, en una empresa público-privada de manejo de residuos sólidos. Los exsocios de Rais alegan que los defraudó en US$25 millones y Rais contrademandó, alegando que es objeto de extorsión.
Uno de los antiguos asesores de Rais, el abogado Mario Calderón, estuvo en la cárcel en El Salvador cuando Martínez fue fiscal general. Calderón había comenzado a trabajar con los canadienses cuando Martínez inició tres casos separados contra él. La Corte Suprema de El Salvador estableció recientemente que la detención de Calderón era ilegal.
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