Nueva evidencia surgida en un juicio por narcotráfico en la alta sociedad ha implicado de manera directa a parientes cercanos del presidente de Venezuela y a su esposa, en una saga que podría poner al descubierto los nexos criminales de algunas de las figuras de la élite más influyentes del país.
Investigadores del caso por tráfico de drogas abierto contra Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores —sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores— han obtenido información importante de los teléfonos, iPads y un computador que los sospechosos tenían en el momento de su detención, informó el Nuevo Herald.
Algunas de las conversaciones descubiertas al parecer demuestran que parientes del presidente Nicolás Maduro y su esposa tenían participación directa en el caso de presunto narcotráfico que se procesa en un tribunal federal de Nueva York.
Según fuentes del Nuevo Herald, agentes de la justicia han citado a 18 personas de Venezuela a comparecer en la corte el 21 de octubre, incluyendo a parientes cercanos de la pareja presidencial y miembros de la división de seguridad y transporte presidencial, la Casa Militar.
En respuesta, se dice que los abogados de los dos principales sospechosos escribieron a la corte de Nueva York solicitando la suspensión de las citaciones, y la exclusión del caso de cualquier evidencia obtenida por medio de estas.
Los sobrinos Flores fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015 y enfrentan cargos por conspiración para ingresar ilegalmente 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Su proceso pareció verse en problemas hace apenas unas semanas, cuando se descubrió que algunos de los informantes que participaron en la investigación podían ser poco fiables.
Los dos acusados firmaron confesiones escritas poco después de su detención, sobre las cuales el equipo legal también ha solicitado que se excluyan de la evidencia. Sin embargo, el juez federal que lleva el caso falló el 12 de octubre que los fiscales sí podían presentar esas confesiones como evidencia en el juicio.
Análisis de InSight Crime
La evolución del caso Flores bien puede alargar la lista de miembros de la élite venezolana implicados en el presunto esquema de narcotráfico, incluyendo al hermano de la primera dama, y sumando peso a la idea de que el país muestra cada vez más las características de un estado mafioso.
Por mucho tiempo se ha sospechado que oficiales venezolanos de alto rango tienen un rol clave en el tráfico internacional de cocaína, y Estados Unidos ha formulado cargos contra algunas de las figuras más prominentes del gobierno de Maduro.
Más aún, la participación militar en actividades de contrabando se ha facilitado con la decisión del presidente Maduro de delegar en las fuerzas armadas la distribución de alimentos, en julio de 2016.
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El estado venezolano también enfrenta condiciones que han permitido que se salgan de control la inseguridad y los crímenes violentos. Parte de la responsabilidad en esta tendencia se debe a los estrechos lazos de los grupos criminales con los organismos gubernamentales. Se cree que los célebres colectivos de Venezuela —milicias de izquierda gobiernistas— también llamadas "megabandas" y redes de policías corruptos están detrás del aumento de los índices de extorsión y secuestro, que casi se duplicaron en el último año.
Otra forma de colusión estado-criminales la sacó a relucir hace poco el político de la oposición Américo de Grazia, quien señaló en una entrevista que "el crimen organizado se ha convertido en política de estado" en la región oriental de Bolívar. La declaración de De Grazia se dio unos días después de que un grupo del crimen organizado —escoltado por las fuerzas de seguridad del estado— masacrara presuntamente a 11 personas en una mina ilegal de Bolívar que estaba bajo el control de una pandilla diferente.
Esos casos ilustran la complicidad del gobierno venezolano en la alarmante escalada de criminalidad de los últimos años. Con las escasas probabilidades de que la crisis política y económica en la que está sumido el país mejore en el corto plazo, la penetración del crimen organizado en las instituciones venezolanas puede empeorar de ahora en adelante.
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