La CICIG de Guatemala apunta hacia la corrupción política

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El nuevo jefe del órgano internacional contra la impunidad de Guatemala ha anunciado que su objetivo final será el financiamiento de las campañas políticas, una declaración de guerra contra el establecimiento que enfrentará grandes desafíos para alcanzar sus objetivos.

Iván Velásquez, un exjuez y exfiscal colombiano designado para dirigir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas, dijo que había decidido investigar las donaciones por parte de las organizaciones criminales a los partidos políticos,  después de recibir reiteradas solicitudes, informó Siglo 21. La CICIG tratará de aclarar el alcance de los vínculos entre los políticos y los grupos criminales, a partir de la información proporcionada durante los dos meses de reuniones que Velásquez sostuvo con representantes de la sociedad civil, empresarios, jueces y otros funcionarios.

El organismo de lucha contra la impunidad también apunta hacia la corrupción dentro de las aduanas, investigando el flujo de contrabando.

Análisis de InSight Crime

Velásquez tiene un trabajo muy difícil por delante de él. La financiación de los partidos y las campañas políticas por parte de los grupos criminales, y los vínculos más amplios entre la política y el hampa, es un asunto importante en Guatemala, pero uno que nadie realmente se ha atrevido a tocar. El carácter integrado de la corrupción y la falta de voluntad política para hacerle frente, podrían hacer que sea casi imposible para la CICIG avanzar de manera seria. No tiene poder real y está operando en un tiempo prestado, con el presidente Otto Pérez declarando que su mandato no se extenderá más allá de 2015 e instando a que se enfoque en la transferencia de sus responsabilidades al sistema judicial.

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Un informe de Mirador Electoral, un grupo de ONGs, encontró que la cantidad de dinero gastado por los partidos políticos durante las elecciones presidenciales de 2011 tuvo una “relación directa” con lo bien que se desempeñaron en las urnas; y que no había razón para creer que la mayor parte de esa financiación provenía de “fuentes ilícitas”. Hubo poca ideología coherente o lealtad en los partidos políticos y sus miembros, dijo, lo que significa que los candidatos tendieron a ser guiados por sus patrocinadores financieros por encima de todo. Las acusaciones de vínculos criminales llegan hasta el presidente Otto Pérez, a pesar de que aparentemente ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad.

El hecho de que Velásquez esté a la cabeza de la CICIG proporciona al menos algunos motivos para el optimismo –él tiene una trayectoria en esta área, enfrentando la hostilidad extrema y las amenazas para jugar un papel fundamental en el descubrimiento del escándalo de la “parapolítica” de Colombia.

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