Nuevas cifras revelan la magnitud de desplazamiento de cientos de miles de mexicanos por causa de la violencia en la última década, y cómo las sucesivas administraciones han ignorado esta crisis nacional.
Alrededor de 380.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en México entre 2009 y 2018, como resultado de la violencia y el crimen organizado, según la directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), Alexandra Bilak, informó El Universal.
Pero Bilak, quien se reunió con las autoridades mexicanas a comienzos de la semana, cree que el número real puede ser sustancialmente mayor.
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De hecho, un informe reciente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) puso la cifra de desplazados en más de 1,1 millones, aunque la metodología incluyó en el cálculo a cualquier persona que hubiera dejado su hogar por causa de la violencia.
Luego de años de inacción, el 23 de julio se conoció un anuncio del gobierno mexicano de que está trabajando en una nueva ley para enfrentar el desplazamiento interno, según un reportaje de EFE.
Análisis de InSight Crime
Los datos del IDMC son solo un ejemplo de las numerosas investigaciones e informes que han documentado la magnitud de la crisis de desplazamiento interno en México, y su relación con la violencia y el crimen organizado. Pero aun cuando esta información lleva bastante tiempo el poder de las autoridades mexicanas, hasta el momento el gobierno nacional no ha aprobado ninguna legislación para tratar de dar solución al problema.
Hasta ahora, la negación del problema por parte del Estado tiene al país sin un marco legal para diseñar una estrategia para contrarrestar el fenómeno. Ahora, la legislación planea reformar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que en la actualidad se ocupa únicamente de los extranjeros, para que tenga las herramientas para tratar casos de desplazamiento forzado interno.
Sin embargo, el plan de ampliar el mandato de la Comar puede desbordar una organización que ya se ocupa de cifras inmensas de desplazados de otros países. Aparte de esa propuesta, no hay información clara sobre qué elementos de la crisis tratará la nueva legislación.
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En 2017, el desplazamiento forzado interno afectó a más de 20.000 personas en al menos nueve estados, que se extienden desde la frontera norte, plagada de enfrentamiento entre carteles, hasta el sur del país, donde las comunidades indígenas padecen una violencia desproporcionada, según la CMDPDH.
Datos de la CMDPDH ponen en evidencia que el desplazamiento puede originarse por una amplia gama de factores, entre ellos enfrentamientos entre grupos armados y el estado, violencia entre pandillas, asesinatos de líderes sociales y políticos, y temor de violencia futura.
Cualquier iniciativa tendrá que mejorar la capacidad del gobierno de monitorear el número de desplazados dentro del territorio nacional, pues en la actualidad no hay datos ni instrumentos, capaces de medir con precisión el fenómeno.
Un factor que puede agravar la situación es que México enfrenta actualmente tasas récord de homicidios. Junio de 2019 fue el mes más sangriento de la historia, con 2.560 muertes violentas, que dio pie a una tasa de homicidios de 22 por 100.000 habitantes, lo cual significa un incremento año a año de 6 por ciento.
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