El Informe global anual de Human Rights Watch destaca cómo la impunidad, tanto para los grupos criminales como para las instituciones estatales corruptas y abusivas, es uno de los principales obstáculos para mejorar la seguridad ciudadana en los países de Latinoamérica más afectados por el crimen organizado.
De los países más afectados por la impunidad, el informe de 2014 (pdf) de la organización que vela por los derechos humanos, con sede en Estados Unidos, hace especial énfasis en Colombia, México, Honduras y Guatemala.
En Colombia, Human Rights Watch (HRW) destaca dos reformas legales que podrían promover la impunidad. La primera es el Marco Legal para la Paz, que está diseñado para proporcionar la estructura de la justicia transicional, si las conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen éxito. Según HRW, la reforma "abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares".
El informe también llama la atención sobre las reformas al sistema de justicia militar, actualmente estancadas, como potencialmente problemático. La reforma, dice, pudo ver los casos de "falsos positivos" -la ejecución extrajudicial de civiles para aumentar el conteo de dadas de baja por parte del ejército- juzgados en tribunales militares fuertemente sesgados, mientras que también contenía una cláusula que le otorgaba al personal militar un margen de maniobra "peligrosamente amplio" en la uso de la fuerza letal.
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En México, HRW también destaca el uso de tribunales militares para las fuerzas de seguridad, lo que ofrece una manta de impunidad por los abusos cometidos durante el despliegue de los militares en la lucha contra el crimen organizado. El informe también identifica a la corrupción y la complicidad de los miembros del sistema judicial en la continuación de los fracasos para hacer justicia.
La impunidad en Honduras fue atribuida a las fuerzas de seguridad que son "en gran medida ineficaces y han estado asociadas con casos de corrupción", y el debilitamiento de la independencia del sistema judicial.
En Guatemala, HRW elogia los esfuerzos realizados para abordar la impunidad por la Fiscal General Claudia Paz y Paz y el cuerpo de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). No obstante, agrega que la impunidad sigue siendo alta debido a "la intimidación y corrupción de funcionarios judiciales" y la falta de un programa efectivo de protección de testigos.
Análisis de InSight Crime
Ya sea a causa de la corrupción, la ineficacia o la falta de recursos, la incapacidad para llevar a los criminales y a los violadores de derechos humanos a la justicia es una de las principales razones por las cuales los grupos criminales y armados pueden echar raíces y prosperar. También es una de las principales condiciones que el crimen organizado buscará a su paso por las fronteras; la capacidad de operar sin temor a ser procesados está en la cima de la lista de deseos de cualquier grupo.
Los altos niveles de impunidad no sólo facilitan la propagación del crimen organizado, sino que también están intrínsecamente vinculados a los altos niveles de violencia; los países más violentos del mundo, Honduras y Venezuela, tienen tasas de impunidad mayores al 90 por ciento.
Sin embargo, no es fácil romper las redes de corrupción e intimidación que provocan la alta impunidad. En esto, la CICIG en Guatemala ha demostrado ser una de las iniciativas más efectivas en la región, supervisando una caída del 23 por ciento en la impunidad. Sin embargo, incluso después de siete años de actividad, un alto nivel de elementos del crimen organizado y funcionarios corruptos sigue operando con relativa libertad en el país.
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