La legislación actual impide reducir la población de mujeres reclusas en Bolivia

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Un reciente informe señala que, si no se cambia la legislación actual, será muy difícil reducir el número de mujeres provenientes de sectores marginales de Bolivia que están presas por delitos menores relacionados con drogas.

El informe, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus iniciales en inglés) y la Red Andina de Información (RAI), señala que la reducción de penas y los programas de amnistía para madres y cuidadoras de menores, junto con los programas de reducción de la pobreza, contribuyeron a una disminución del 84 por ciento en el número de mujeres encarceladas por delitos menores relacionados con drogas entre 2012 y 2017 en Bolivia.

Según el informe, casi el 40 por ciento de las mujeres encarceladas en Bolivia están pagando penas por delitos menores relacionados con drogas, como cargar o transportar pequeñas cantidades de estupefacientes. La mayoría vivía en condiciones de pobreza al momento de su detención.

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La mayoría de estas mujeres han sido acusadas según la ley de drogas de Bolivia de 1988. Dicha ley está “basada en normas duras y verticales, como penas mínimas y largos períodos de prisión, así como la idea de que la cárcel es el mejor castigo para hacer frente al problema del tráfico de drogas o su consumo”, dijo Kathryn Ledebur, coautora del informe, tras ser consultada por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

El informe se enfoca en un sector muy vulnerable de la población boliviana que suele pasarse por alto: las mujeres que viven en la pobreza y terminan involucrándose en el comercio de la droga en el tercer productor de coca en el mundo, después de Colombia y Perú.

Tanto WOLA como la RAI sostienen que las medidas adoptadas por la administración del presidente Evo Morales, aunque son positivas, no son suficientes si la ley que pone a las mujeres tras las rejas continúa vigente.

Según Página Siete, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) señaló en un comunicado de 2016 que dicha legislación es “draconiana y punitiva”, y que además agrava la pobreza y viola los derechos humanos.

El principal problema es que la legislación actual no hace distinciones según la gravedad del delito cometido, lo que da como resultado penas desproporcionadamente duras por delitos menores y no violentos.

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“No hay suficiente equilibrio”, afirma Ledebur. “Una persona que ha sido detenida con 30 gramos de marihuana puede recibir una condena de 10 a 25 años, mientras que la pena máxima para los homicidios es de 30 años”.

Además, el “sistema público es extremadamente insuficiente”, por lo que muchas personas deben permanecer en prisión durante muchos años esperando a que se inicie su juicio. Aumentar el reducido número de defensores públicos del país y disminuir la detención preventiva ayudaría a reducir significativamente las poblaciones carcelarias.

Pero implementar la reforma penitenciaria puede resultar difícil.

Las reformas legislativas frente a la política de drogas tocan temas que pueden ser sensibles. Las propuestas que pueden indicar que se está tomando una actitud indulgente frente al narcotráfico no gozan de popularidad, sobre todo dadas las críticas internacionales frente a las medidas antinarcóticos de Bolivia. Varias propuestas presentadas en años recientes para cambiar la legislación vigente contra las drogas han sido infructuosas.

A pesar de las mejoras que han entrado en vigor recientemente, “si no hay una reforma a las penas o al marco legislativo, no se generará un gran impacto en cuanto a las mujeres presas por delitos relacionados con drogas”, concluye Ledebur.

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