Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del revés. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que, en teoría, debería luchar contra el lavado de dinero, no investiga las alertas que recibe desde el exterior referidas a operaciones sospechosas de lavado relacionadas con argentinos o empresas argentinas.
Una reciente investigación de LA NACION puso al descubierto este nuevo escándalo de la unidad que preside José Sbattella, y que se suma a una ya larga lista de escándalos e irregularidades que, en todos los casos, siempre redundan en favor del lavado que el organismo debería combatir.
La autolimitación que se fijó la UIF ha derivado en el archivo casi inmediato de numerosas alertas recibidas desde paraísos fiscales y países con regímenes que favorecen los depósitos de capitales extranjeros alrededor del mundo y que se referían a funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años. Ha habido reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru, que se encuentra entre Australia y Hawai. Solamente prosperan las investigaciones cuando las personas o empresas denunciadas desde el exterior ya se encuentran investigadas en la Argentina.
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