La principal empresa metalúrgica de Guatemala evadió millones de dólares en impuestos

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Según algunos informes, la mayor empresa metalúrgica de Guatemala estableció un complejo esquema mediante el uso de empresas fantasma, funcionarios corruptos y documentación falsa, con el fin de evadir impuestos por varios años, una manera de estafar al Estado en un país cuyas élites han tenido conductas criminales durante mucho tiempo.

El esquema, establecido por Aceros de Guatemala S.A., la mayor empresa metalúrgica del país centroamericano, al parecer involucró a unas treinta empresas fantasma y a 27 propietarios diferentes, según una serie investigativa publicada recientemente por el medio de comunicación guatemalteco Plaza Pública.

Plaza Pública ya había divulgado, en febrero de 2016, que Aceros de Guatemala estaba siendo investigada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —organismo respaldado por las Naciones Unidas— para presuntamente evadir 255 millones de quetzales (unos US$35 millones) en impuestos entre 2006 y 2009.

Según la investigación, la empresa logró hacer esto en parte sobornando a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Pero la compañía creó además una sofisticada red de estructuras corporativas para ocultar sus negocios fraudulentos.

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El esquema de evasión fiscal se inició con la creación de cinco empresas que desde 2008 comenzaron a emitir facturas a nombre de Aceros de Guatemala por servicios o materiales de construcción inexistentes, según informó Plaza Pública. Varios de los dueños de las primeras cinco empresas también han sido implicados en otros esquemas de fraude fiscal.

Sin embargo, estas empresas eran sólo la primera capa de una compleja estructura criminal. Estas primeras empresas comenzaron después a hacer contratos con otras empresas, algunas de las cuales estaban registradas a nombre de personas que no sabían de ello, y cuya identidad había sido robada, e incluso, en varios casos, a nombre de personas fallecidas.

La investigación de Plaza Pública demostró que cuatro de los propietarios de las cinco empresas iniciales tenían el mismo contador y auditor. Además, el medio de comunicación descubrió numerosos vínculos entre las empresas fantasma de la primera y la segunda capa, que compartían los mismos contadores, notarios y direcciones de empresas; en algunos casos, también se descubrieron lazos familiares entre los propietarios.

Análisis de InSight Crime

Aunque la investigación de Plaza Pública se basa en documentación oficial, los sospechosos del esquema no han sido condenados por ningún acto criminal. Pero los temas principales del caso —es decir, élites poderosas que utilizan esquemas financieros con la participación de funcionarios corruptos— evocan de una manera sorprendente los de otros casos que han sacudido profundamente a Guatemala.

De hecho, la investigación en torno a Aceros de Guatemala adelantada por el Ministerio Público y la CICIG se basó en evidencia descubierta durante una investigación sobre otro esquema de corrupción similar, conocido como “La Línea“, que también involucró a funcionarios corruptos de la SAT. En el caso del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, fueron acusados de haber dirigido una red de funcionarios de aduanas corruptos que aceptaron sobornos a cambio de ayudar a las empresas a evadir los aranceles.

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Además de este escándalo, Guatemala ha sufrido diversos esquemas que involucran a funcionarios corruptos y miembros de las élites que intentan desviar los fondos del gobierno de una manera u otra. En varias ocasiones, dichos esquemas han implicado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, un mecanismo muy arraigado en la corrupción política.

Como lo demuestra el caso más reciente, estos fraudes recurrentes y de grandes cantidades de dinero han implicado a las élites políticas y económicas del país. Y más allá de los daños financieros ocasionados al presupuesto nacional, estos esquemas criminales generalizados, emprendidos por ciertos elementos de las élites, han debilitado seriamente la confianza en el gobierno democrático de Guatemala y en el Estado de derecho

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