Las autoridades de Nicaragua han seguido defendiendo la ocupación de los bienes incautados en las investigaciones de tráfico de drogas, lo que demuestra el grado en el que las instituciones del Estado dependen de las confiscaciones relacionadas con el tráfico como una fuente de poder y financiamiento.
Las autoridades policiales y judiciales de Nicaragua han establecido un modelo de confiscación permanente de activos de los ciudadanos acusados de delitos, informó La Prensa. Los activos, incluyendo la propiedad, a menudo se entregaron a la policía u otros funcionarios que presuntamente saquearon las posesiones o incluso ocuparon las propiedades con sus familias, como sucedió en un caso en la ciudad de Bluefields.
Los funcionarios del gobierno han evadido las preguntas sobre la falta de control sobre las incautaciones de los activos, con el Procurador General Hernán Estrada Santamaría físicamente huyendo de los periodistas para evitar discutir sobre el destino de los bienes incautados al narcotraficante condenado, Henry Fariñas.
Un juez del Tribunal Supremo insistió en que las confiscaciones del Estado eran necesarias para prevenir que las propiedades sufrieran "deterioro", y afirmó que estarían reguladas por una unidad administrativa para los bienes incautados. No obstante, la unidad no existe todavía. Fue establecida bajo una ley contra la delincuencia de 2010 y se suponía que debía entrar en vigor a partir de 2011, pero el gobierno ha retrasado en varias ocasiones su creación.
Análisis de InSight Crime
Según un analista consultado en el artículo de La Prensa, el fracaso de establecer la unidad para los bienes incautados es una elección deliberada por parte del gobierno de Nicaragua. Robar las ganancias del tráfico de drogas o capturar los activos, es una práctica común por parte de las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales en Nicaragua, que los utilizan como fuente de financiación y poder. El gobierno de Nicaragua incluso ha tratado de utilizar el dinero incautado del narcotráfico para financiar proyectos estatales como un plan para usar US$9,2 millones, tomados de narcotraficantes mexicanos acusados de construir nuevas cárceles -presentado antes de que los sospechosos fueran incluso condenados-.
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Según un cable diplomático de 2006 publicados por Wikileaks, el gobierno de Ortega ha dependido durante mucho tiempo de los jueces y magistrados leales al partido para aprovechar el dinero del narcotráfico como fuente de los fondos de financiamiento de campaña. Los cables destacaron los casos de los funcionarios judiciales de alto rango que utilizaron los casos de narcotráfico como un medio para llenar sus propios bolsillos, incluyendo la negociación de la liberación de traficantes acusados a cambio de sobornos.
Además de alimentar el debate en curso sobre los bienes incautados, el caso Fariñas también implicó a un juez electoral y a oficiales de alto rango de la policía, lo que ilustra cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse hasta los más altos niveles de las instituciones del Estado nicaragüense.
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