Las BACRIM de Colombia son, en promedio, responsables de tres de cada 10 violaciones a los derechos humanos reportadas en Colombia, según el Defensor del Pueblo, haciendo de estos grupos criminales los infractores más graves de derechos humanos en el país.
El Presidente de la Federación Nacional de Personeros (FENALPER), Andrés Santamaría, informó que las organizaciones criminales conocidas como BACRIM - un acrónimo en español que significa "bandas criminales" - han reemplazado a los paramilitares de derecha y a los guerrilleros de izquierda como los principales perpetradores de abusos, como el desplazamiento masivo. Las BACRIM controlan el narcotráfico local, extorsionan negocios legales e ilegales y venden cocaína procesada a grupos criminales internacionales.
Según un estudio de FENALPER, los departamentos (provincias) más afectados son Bolívar, Chocó y Antioquia - donde las BACRIM son responsables de hasta el 40 por ciento de las violaciones de derechos humanos. Otros departamentos en la lista son Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Norte de Santander.
El caso más grave ocurrió en el puerto Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde las BACRIM fueron responsables del 90 por ciento del desplazamiento forzado de 7.000 víctimas en 17 casos registrados, entre septiembre y noviembre de 2012, a medida que varios grupos armados luchaban por el control del narcotráfico local.
Análisis de InSight Crime
El informe contrasta con las recientes observaciones del gobierno que el 90 por ciento de Colombia está libre de BACRIM. Un centro de investigación de Bogotá afirmó en marzo que el gobierno no ha podido evaluar adecuadamente y responder a la amenaza que representan estos grupos, que se infiltran en varios niveles de la sociedad.
Santamaría dijo que el gobierno debería considerar la modificación de la Ley de Víctimas, de dos años de edad, cuyo objetivo es compensar a las víctimas del conflicto en Colombia. La ley prevé recursos para las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por paramilitares, guerrilleros y fuerzas estatales, pero excluye a las BACRIM.
Muchas organizaciones de la sociedad civil también dicen que las BACRIM deberían ser reclasificadas como actores del conflicto para dar a las víctimas un recurso legal. No obstante, la Ley de Víctimas de 2011 ya cubre un estimado de cuatro millones de personas, por lo que es poco probable que el gobierno amplíe su cubrimiento en el futuro cercano.
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