Un nuevo informe del grupo Global Witness dice que, de los asesinatos de ecologistas documentados en la última década, dos tercios se produjeron en Latinoamérica y casi la mitad en Brasil, debido a que las campañas ambientales chocan con intereses comerciales, tanto legales como criminales, especialmente en el comercio de madera.
"Deadly Environment" (pdf) documenta el asesinato de 908 ciudadanos que protegían los derechos sobre la tierra y el medio ambiente, en 35 países, entre 2002 y 2013. En la mayoría de los casos, sin embargo, la identidad de los autores es desconocida, y sólo ha habido 10 condenas durante ese período de tiempo, según el informe.
En el transcurso de una década, el número anual de homicidios se triplicó, con 147 asesinatos registrados en 2012 en comparación con los 51 registrados en 2002. Durante los últimos cuatro años, se ha registrado una tasa de mortalidad promedio de dos activistas por semana.
Global Witness dice que Brasil es el país más peligroso para los activistas ambientales, cuyos 448 casos representan algo menos de la mitad de los homicidios registrados. Honduras es el segundo a nivel mundial, con 109 casos, mientras que Perú ocupó el cuarto lugar con 58 asesinatos, seguido de Colombia con 52.
Muchos de los asesinatos de ambientalistas en Latinoamérica no están relacionados con organizaciones criminales, sino con intereses comerciales legales, como las víctimas de conflictos por derechos sobre la tierra en Honduras, o los manifestantes contra la minería que han sido asesinados en Perú, dice el informe.
No obstante, el crimen organizado está muy involucrado en actividades como el ecotráfico, a menudo causantes de violencia. El comercio ilegal de madera, en particular, es un área donde chocan los intereses criminales y ambientales, y según Global Witness, las amenazas e intimidaciones por parte de intereses vinculados al sector, son unas de las principales causas de la muerte de activistas.
Análisis de InSight Crime
El impacto del comercio ilegal de madera -el cual tiene un valor de hasta US$30 mil millones al año y tiene fuertes vínculos con el crimen organizado- es particularmente evidente en Brasil, donde la deforestación, impulsada por la tala ilegal, ha ido aumentando. Y Global Witness dice que los conflictos agrarios relacionados con la deforestación de la Amazonía representaron el 68 por ciento de todos los homicidios relacionados con disputas por la tierra en Brasil en 2012.
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El tema saltó a la fama en 2011, cuando José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo da Silva -dos prominentes ambientalistas que denunciaron la invasión de madereros ilegales en el estado amazónico de Pará, al noreste de Brasil- fueron asesinados por hombres armados y enmascarados.
Las pobres tasas de enjuiciamiento en Brasil -sólo uno por ciento de los casos resultó en una condena, según Global Witness- y la influencia de poderosos madereros en zonas rurales aisladas, significa que la mayoría de los asesinatos de activistas ambientales sigue sin resolverse.
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