Una legislación más fuerte y la inversión en plataformas sociales en algunos país de América Latina lograron reducir la impunidad en los casos de trata de personas en 2018, aunque este delito sigue en aumento en la región.
El informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) muestra un grupo de países en el continente americano que han registrado un aumento considerable en la cantidad de condenas por el delito de trata de personas entre 2014 y 2017.
En 2014, el informe de la ONUDC mostró que únicamente 10 por ciento de los casos llevados a juicio en Latinoamérica terminaron en sentencias. Esta cifra había crecido a 26 por ciento en 2016, una muestra de los esfuerzos de países a ambos lados del espectro, tanto los que anteriormente habían exhibido anémicos porcentajes de condena como los que tenían medidas vigentes.
Según el informe de la ONUDD, Honduras exhibió el avance más significativo entre 2014 y 2017, con un incremento de 31 por ciento en la cantidad de condenas. Ecuador fue segundo en la lista con 23 por ciento, y siguió Argentina con 22 por ciento; Costa Rica y Guatemala quedaron detrás, ambos con un aumento de 21 por ciento.
Entretanto, países como Bolivia, Uruguay, El Salvador y Venezuela registraron la cifra más baja de personas condenadas por el delito de trata, con menos de cinco por ciento de sentencias en 2017.
En Argentina, por ejemplo, las condenas crecieron de 52 por ciento en 2014 a 74 por ciento en 2017, aunque los casos llevados a juicio pasaron de 138 a solo 51. El gobierno ha atribuido ese resultado a leyes como la 26.842, que impone sanciones más severas a la trata de personas y prevé instrumentos para ayudar a las víctimas.
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Ecuador también ha mostrado cierta mejora en el número de condenas, aunque no ha mejorado el número de casos llevados a juicio. En 2014, se juzgó a 192 personas por trata de personas en el país, pero solo 14 de esos casos terminaron en condenas, lo que representa menos de uno por ciento. En comparación, en 2017 se juzgó a 178 personas, de las cuales 43 llegaron a la sentencia, lo que representa 24,5 por ciento.
En 2014, Ecuador impuso leyes más duras sobre la trata de personas, con la implementación del Artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto se combinó con la creación de organismos sociales, como Casa Bonita, que ofrece apoyo sicológico, legal, en salud y educación a las víctimas de trata de personas.
Análisis de InSight Crime
Ecuador y Argentina son solo dos ejemplos de los esfuerzos que están haciendo algunos países de la región para combatir un delito que afecta a más de 1,4 millones de personas en Latinoamérica. Su compromiso se destaca en las recientes mejoras, reconocidas en el Informe de 2018 sobre trata de personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Gracias a estos avances, el Departamento de Estado clasificó a Argentina entre los países del nivel 1, al declarar que el país “había logrado avances importantes”, como el aumento de los casos llevados a juicio, la condena de funcionarios de gobierno cómplices y el mejoramiento en la recolección de información.
Además, los ministerios de seguridad, justicia y derechos humanos siguen destinando recursos para crear líneas de atención gratuitas que faciliten la denuncia de posibles casos de trata de personas.
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Alejandra Mangano, fiscal argentina que trabaja para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), comentó a InSight Crime que las nuevas leyes han aumentado la actual tasa de condenas gracias a que facilitan el procedimiento judicial que se sigue al procesar a sospechosos de trata de personas.
Ecuador sigue clasificado como país de nivel 2, pero el informe reconoce que “el gobierno [ha] mostrado una intensificación de los esfuerzos para juzgar a más sospechosos de tráfico y con la implementación formal y el financiamiento de la Dirección para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes... para coordinar los esfuerzos del gobierno contra la trata”.
Históricamente, Ecuador también ha pagado el precio por la laxitud de sus regulaciones a la inmigración, que facilitó que miles de migrantes de otros países pasaran ilegalmente por sus fronteras. En 2016, hubo una afluencia constante de cubanos a Quito, que finalmente llevó a Ecuador a cambiar de posición, y deportar inmigrantes en masa a Cuba, en medio de acusaciones de haberlo hecho sin ofrecer audiencias justas.
Los factores que motivan la trata de personas son complejos y difíciles de aislar, aunque soluciones comunes, como las campañas de concientización de la población, el rastreo del lavado de dinero y la cooperación transnacional han rendido frutos.
Pese a los considerables esfuerzos, Latinoamérica sigue registrando altos índices de trata de personas. Las crisis económicas y sociopolíticas en Venezuela y Nicaragua siguen poniendo en riesgo a miles, por no hablar de millones, que son blanco de los grupos criminales para su explotación. En 2019 se prevé un crecimiento de la economía criminal de la trata de personas, y queda por ver si las inversiones sociales y las instituciones centrales en la región seguirán arrojando balances positivos en lo que respecta a la detección, el enjuiciamiento y la condena de los actores criminales.
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