Un nuevo informe documenta el 2015 como el año con más registros de asesinatos de defensores de tierras y del medio ambiente. Los países latinoamericanos quedaron entre los más peligrosos para los activistas, lo que se debe en parte a la prevalencia de la extracción de recursos por parte de criminales en la región.
El informe (pdf), elaborado por Global Witness —organización que investiga abusos contra los derechos humanos y ecológicos motivados por la corrupción y la explotación de recursos naturales—documentó 185 asesinatos de "defensores de la tierra y el medio ambiente" en 16 países. Esto representa un incremento de 59 sobre 2014 y el mayor total desde 2002.
Global Witness definió a los defensores de la tierra y el medio ambiente como "personas que adoptan acciones pacíficas para la protección de los derechos ambientales y sobre la tierra". Casi 40 por ciento de las víctimas caídas en 2015 fueron indígenas, quienes muchas veces son el blanco de estas acciones a causa de la protección de sus tierras ancestrales.
Los países más afectados fueron Brasil (50 asesinatos), Filipinas (33) y Colombia (26) (Ver el gráfico).
La imagen del gráfico es la de Berta Cáceres, activista indígena y ambiental hondureña que opuso resistencia a la construcción de represas hidroeléctricas a lo largo del río Gualcarque durante más de una década. Fue asesinada en mayo de 2016.
En Brasil, la violencia se concentró en particular en el Amazonas, donde intereses agrícolas y "pandillas de taladores ilegales" invaden las comunidades locales. Según Global Witness, cerca del 80 por ciento de la madera brasileña es ilegal, y representa el 25 por ciento de la madera ilegal en los mercados globales.
Global Witness no solo culpó a la tala ilegal del aumento en la deforestación, sino también de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente. En abril de 2015, por ejemplo, un indígena de la reserva de Alto Turiaçu, en el Amazonas brasileño, fue acribillado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. La víctima había trabajado activamente en la vigilancia de la tala ilegal y en el cierre de caminos usados para la extracción maderera.
La minería, sin embargo, fue la actividad más ligada a las muertes violentas de defensores ambientales y de la tierra, con 42 muertes en 2015.
En Perú, de los 12 asesinatos documentados por Global Witness en 2015, 11 tuvieron que ver con industrias mineras y extractivas. Un caso destacado en el informe fue el de un trabajador forestal peruano del municipio de Madre de Dios, quien se había opuesto a la incursión de mineros ilegales de oro en la biodiversa región de Tambopata. Fue masacrado en su vivienda en noviembre de 2015.
Desde 2002, cerca de un 80 por ciento de las 69 muertes documentadas por Global Witness en Perú han tenido relación con el sector minero.
Como lo señaló Global Witness, muchas de las muertes de los activistas por la tierra se presentan en regiones alejadas y apenas unos cuantos perpetradores son puestos a disposición de la justicia, muchas veces por la indiferencia o la connivencia activa de funcionarios estatales.
Análisis de InSight Crime
La extracción ilícita de recursos en Latinoamérica es una fuente importante de ingresos para los grupos criminales que actúan en la región. Se ha estimado que la minería ilegal en Perú genera cerca de US$2.600 millones anuales. Brasil ha luchado por contener el tráfico de madera, en un mercado ilegal que ofrece tentadoras oportunidades de ganancia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover el beneficio sostenible de madera. El negocio ilegal de madera puede equivaler hasta US$30 mil millones anuales.
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Como lo indica el informe de Global Witness, las personas y grupos que buscan detener la extracción ilícita de recursos en Latinoamérica se encuentran muchas veces enfrentados a intereses poderosos, ya sean de naturaleza gubernamental, corporativa o criminal, lo que los pone en gran riesgo personal.
Desafortunadamente, no es raro que esto lleve a la muerte o la desaparición de los activistas de la tierra, como se puso en evidencia con la muerte, en mayo de 2016, de la activista por la tierra Berta Cáceres, indígena hondureña que luchó por detener la construcción de varias represas de generación hidroeléctrica.
Los presuntos autores directos de la muerte de Cáceres fueron arrestados como respuesta a la presión internacional sobre el gobierno hondureño, pero subsisten las dudas sobre la pertenencia de los posibles autores intelectuales a la élite hondureña. Muchos de los casos documentados por Global Witness no han dado lugar a ningún tipo de arresto.
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