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¿Será un lavador convicto candidato presidencial en Honduras?

CACHIROS / 7 AGO 2020 POR PARKER ASMANN ES

Un poderoso magnate de los negocios preso en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico podría presentarse dentro de poco como candidato presidencial en Honduras tras su liberación este mes.

Por lo menos 14 legisladores del opositor Partido Liberal han instado a Yani Rosenthal para que se lance a la presidencia a su regreso a la nación centroamericana el 7 de agosto, según Criterio. Uno de ellos, Juan Carlos Ávila, declaró que tiene la convicción de que Rosenthal es el “único” capaz de unir la oposición política antes de las elecciones presidenciales de 2021.

Rosenthal, expolítico y candidato presidencial en 2009 y 2013, viene de una de las familias más adineradas y conectadas con la política en Honduras. En julio de 2017, se declaró culpable de lavar de dinero del narcotráfico para el reconocido clan criminal Los Cachiros, por lo cual se le impuso una sentencia de prisión de tres años en Estados Unidos, como parte de un acuerdo de reducción de penas.

Como lo describió un fiscal estadounidense, Rosenthal “actuaba también como lavador de dinero para una organización narcotraficante de violencia despiadada”.

VEA TAMBIÉN: Epílogo: cómo élites y narcos hacen negocios y política en Honduras

La familia Rosenthal tiene conexiones de larga data con la política y el crimen organizado. El padre de Yani, Jaime, había iniciado la relación familiar con grupos criminales mucho antes de su muerte en 2019. Exvicepresidente y figura destacada del sector empresarial, Jaime vendió ganado y tierras a clientes como la familia Rivera Maradiaga de Los Cachiros, las cuales pagaron con ganancias de la droga, según documentos incluidos en el juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos contra Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado y hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández.

El primo de Yani, el exministro de inversiones Yankel Rosenthal, también admitió en 2017 que ayudó a narcotraficantes a lavar dinero mediante la “adquisición de propiedades en Estados Unidos, contribuciones a políticos en Honduras e incluso inversiones en un equipo de fútbol profesional”, según el Departamento de Justicia.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los tres Rosenthal en 2015 y los incluyó en su lista de “Traficantes de narcóticos especialmente designados”.

Análisis de InSight Crime

En Latinoamérica abundan casos que ilustran cómo las élites políticas están interconectadas con el crimen organizado. El actual panorama político en Honduras puede ser el ejemplo más flagrante de ello en este momento.

El presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, tiene nexos con redes de corrupción y está presuntamente implicado en una conspiración internacional de narcotráfico dirigida por su hermano, que incluía a Los Cachiros.

Es más, el probable elegido del Partido Nacional para suceder a Hernández, Mauricio Oliva Herrera, también ha resultado vinculado con Los Cachiros mediante varias propiedades que presuntamente adquirió de un oscuro socio de negocios.

VEA TAMBIÉN: Narcopolítica enturbia a presidentes hondureños: documentos judiciales

Antes de que el presidente Hernández llegara al poder, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, del Partido Nacional, supuestamente otorgó contratos del gobierno a varios miembros de Los Cachiros durante su periodo presidencial. Además, su hijo, Fabio Lobo, recibió una sentencia a 24 años de prisión en 2017 por las “enormes cantidades” de cocaína que traficó junto a Los Cachiros, todo usando las conexiones políticas de su padre para tener protección.

Sin embargo, el opositor Partido Liberal parece comprometido con ganar apoyos para un hombre que declaró abiertamente haber lavado dinero para Los Cachiros, uno de los grupos criminales más denostados del país.

Independientemente de si Yani termina lanzándose a la presidencia, el hecho de que tenga asegurado el respaldo de más de una docena de congresistas antes incluso de regresar al país luego de su permanencia en la cárcel es una evidencia irrecusable de la penetración de la narcopolítica en Honduras.

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