Las fuerzas de autodefensa en Michoacán, México, han firmado un convenio de legalización con las autoridades federales y regionales; una medida que aumenta el espectro de los escuadrones de la muerte paramilitares en Colombia, Guatemala y Perú, los cuales florecieron con la colaboración del Estado.
El acuerdo de ocho puntos, firmado por 30 líderes de las autodefensas el 27 de enero, establece que las autodefensas serán incorporadas a los Cuerpos de Defensa Rurales y trabajarán para ayudar a las fuerzas de seguridad municipales, informó Animal Político. También establece que las autodefensas deben proporcionar una lista de sus miembros y registrar todas las armas que se encuentren actualmente en su poder.
Adicionalmente, le exige a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán -un organismo que fue creado recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto para coordinar los esfuerzos de seguridad en la región- trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos municipales y proporcionar toda la ayuda necesaria.
Alfredo Castillo, el comisionado federal para la seguridad y el desarrollo, calificó la medida como "un paso contundente para que la estrategia de seguridad y de desarrollo tenga resultados", informó Milenio.
Horas antes ese mismo día, las fuerzas de seguridad detuvieron a Dionisio Loya Plancarte, el presunto hombre segundo al mando de la organización criminal de los Caballeros Templarios, en Morelia, Michoacán, informó Milenio. Plancarte ha sido vinculado con el asesinato de agentes de la policía federal, y se cree que es el responsable de las operaciones de tráfico de drogas en Morelia.
Análisis de InSight Crime
Este acuerdo se produce después de que la violencia estallara en Michoacán en enero, cuando las tropas federales se movilizaron hacia el estado para desarmar a los grupos de autodefensa que habían tomado el control de varios municipios. En ese momento, los líderes de las autodefensas se negaron a entregar las armas. Este desafío contra la autoridad del estado probablemente influyó en la decisión de negociar con las autodefensas, un proceso que ha visto a las autoridades aumentar los esfuerzos para detener a los líderes de los Caballeros Templarios.
Aunque puede que la medida reciba un significativo apoyo público, no está claro si las fuerzas de autodefensa tienen o no otras intenciones. Las autoridades han acusado en el pasado a los miembros de tener vínculos con el Cartel de Jalisco - Nueva Generación, un grupo rival de los Caballeros. Las fuerzas son poderosas, y han demostrado tener la capacidad de invadir municipios, mantener como rehenes a los soldados, y adquirir armas ilegales de alto calibre.
En este contexto, la legalización trae a primer plano la preocupación que se viene gestando sobre estos grupos, desde hace algún tiempo: la posibilidad de que puedan convertirse en fuerzas paramilitares del tipo visto históricamente en Colombia, Guatemala y Perú.
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No es ningún secreto que las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y sus predecesores disfrutaran de la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado. Estas fuerzas estuvieron involucradas en abusos a los Derechos Humanos y cometieron masacres en nombre de la lucha contra las guerrillas de izquierda, mientras se beneficiaron del tráfico de drogas. Las milicias civiles armadas por los ejércitos de Guatemala y Perú, con el fin de sofocar los levantamientos guerrilleros, también cometieron abusos similares, por lo que será tema de interés observar cómo evolucionarán las autodefensas legalizadas de Michoacán.