Un reporte del sitio de investigación periodística, Plaza Pública, señala por qué las leyes guatemaltecas antilavado no son efectivas y rara vez son cumplidas.
Las principales autoridades a cargo de monitorear el lavado de activos en Guatemala, la Intendencia Especial de Valores (IVE) y la Superintendencia de Bancos, sólo tienen la autoridad de rastrear actividades sospechosas en el sistema bancario del país. Como reportó Rodrigo Baires, corresponsal de Plaza Pública, esto es un gran obstáculo para la lucha de Guatemala en contra del lavado de dinero, ya que la mayoría de transferencias ilegales de dinero se llevan a cabo por fuera de la jurisdicción bancaria pública y privada; como en negocios de finca raíz, ganadería e incluso conciertos.
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