Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podría facilitarle el lavado de dinero a los grupos criminales latinoamericanos, particularmente si Estados Unidos y otros países cierran brechas similares en sus propias regulaciones financieras.
Un informe de diciembre de 2017, elaborado por la abogada canadiense Mora Johnson, señala que las laxas leyes de registro de las corporaciones de Canadá están "desfasadas con respecto a los esfuerzos globales por abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo" debido a la falta de transparencia en torno a quién posee estas transacciones comerciales y se beneficia de ellas.
En Canadá —como en muchos otros países donde se están estableciendo compañías fachadas anónimas, incluyendo Estados Unidos—, las corporaciones privadas y los fideicomisos no están obligados a revelar la "propiedad efectiva", es decir, la persona que "posee, controla o ejerce el control efectivo sobre [la] entidad legal, el acuerdo o la propiedad”, según explica el informe.
Como resultado, "las compañías privadas pueden ser fácilmente utilizadas para evadir impuestos, con el propósito de blanquear dineros y ocultar las ganancias criminales", como le dijo recientemente Johnson a The Guardian.
Esta falta de transparencia hace a su vez más difícil que los organismos de seguridad y las autoridades tributarias determinen cuándo se están llevando a cabo estas transacciones financieras ilegales, según un informe anterior de Transparencia International Canadá. El grupo anticorrupción describió a las empresas fachadas como "vehículos de escape financiero" que les permiten a los criminales "desaparecer sin dejar rastro".
"Dado que las empresas fachadas pueden establecerse sin revelar quién las posee o controla, es difícil, o quizá imposible, que los organismos de seguridad atrapen a los perpetradores cuando una empresa anonimizada se utiliza para cometer delitos", informó Transparencia Internacional Canadá.
Ambos informes señalan que acabar con el anonimato y crear un registro público de los propietarios efectivos podría ayudarle al Gobierno canadiense a detectar, enjuiciar y disuadir los crímenes financieros. Transparencia Internacional Canadá advierte que, de no darse estos cambios en la ley, el país podría "estar en riesgo de convertirse en un faro para los corruptos".
En diciembre de 2017, un grupo de ministros de finanzas canadienses dio un paso inicial al prometer aumentar las "salvaguardias" contra el uso indebido e ilegal de las compañías y los fideicomisos, incluyendo una medida legislativa que requeriría que las corporaciones mantuvieran información actualizada sobre los propietarios efectivos, la cual debería ser entregada a los organismos de la ley en caso de requerirse.
No obstante, Canadá está a la retaguardia de muchos otros países del Foro Internacional G20, que acordaron en 2014 mejorar la transparencia en torno a la propiedad de las entidades jurídicas.
Análisis de InSight Crime
La imagen limpia de Canadá en el escenario internacional y sus laxas leyes en torno a las empresas fachadas anónimas pueden hacer que el país sea un refugio cada vez más atractivo para los crímenes financieros, particularmente cuando otros países han empezado a intensificar sus regulaciones.
El fuerte estado de derecho de Canadá en general hace que las corporaciones registradas allí tengan menos probabilidades de ser blanco del escrutinio de las autoridades, lo que las convierte en un lugar ideal para el lavado de dinero. Como James Cohen, de Transparencia Internacional Canadá, le dijo a The Guardian, "Canadá está siendo vendido como un lugar para el lavado por intermediarios extranjeros, quienes les están diciendo a sus clientes que pueden traer sus finanzas ilícitas a Canadá y que quedarán blancas como la nieve".
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Esta imagen, junto con el lento progreso de Canadá en cuanto a la regulación de la propiedad efectiva anónima, en comparación con otros países, puede estar desplazando una mayor actividad financiera ilícita allí. En los últimos años, Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca han tomado medidas para crear registros de propiedad de las empresas, y los principales países de la Unión Europea acordaron en 2016 intercambiar información sobre la propiedad de la empresas, que anteriormente se mantenía en secreto.
Quizá lo más importante es que Estados Unidos, considerado como el país con la mayor cantidad de empresas fachadas registradas anónimamente en el mundo, ha empezado a considerar medidas para regular la propiedad efectiva. En repetidas ocasiones, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos han introducido proyectos de ley en los últimos años, que obligarían a las empresas a revelar quiénes son sus propietarios. Hasta ahora, estas medidas no han funcionado, y algunos analistas dicen que es poco probable que sea convertida en ley por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también usa compañías fachadas.
Sin embargo, si Estados Unidos aprueba regulaciones más estrictas, los grupos criminales latinoamericanos que actualmente aprovechan estas entidades estadounidenses para lavar millones de dólares cada año pueden verse atraídos hacia Canadá.
Como señala el reciente informe de Transparencia Internacional Canadá, "a medida que más países pongan barreras a los criminales y corruptos, aquellos que buscan hacerle la jugada al sistema se dirigirán a jurisdicciones con estándares más débiles […] Las empresas y fideicomisos canadienses son particularmente vulnerables a su explotación".
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