Un grupo de agentes de policía de El Salvador acusados de dirigir un escuadrón de la muerte fueron liberados, mientras que se enviaba a prisión a otro grupo por acusaciones de tráfico de objetos no autorizados a presos, una cruda ilustración lo que parece ser el tratamiento del gobierno a los presuntos delitos de sus agentes de seguridad.
Un tribunal de El Salvador ordenó que se mantenga en detención preventiva a siete miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) del país por tráfico de objetos ilícitos a celdas de presos, incumplimiento del deber y asociación ilícita, según información de El Mundo.
Los agentes al parecer cobraban entre US$300 y US$500 a los presos para ingresar ilegalmente teléfonos celulares, tarjetas de telefonía y marihuana a las celdas de retención, conocidas como "bartolinas", adonde van los presos que esperan juicio, según El Mundo.
Después de quitar sus celulares a los presos para limpiarlos, los agentes presuntamente ponían el contrabando en las bolsas de comida de los detenidos.
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Entretanto, se liberó a otro grupo de agentes acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de pertenecer a pandillas, según un reportaje de la Revista Factum.
Un reportaje publicado en agosto por la revista Factum señalaba que cuatro miembros de un grupo élite de la PNC de El Salvador, conocida como la Fuerza Especializada de Reacción (FES) cometió al menos tres ejecuciones extrajudiciales, dos ataques sexuales y extorsión, mientras usaba redes sociales, como Facebook y WhatsApp para coordinar y discutir sus actividades ilegales.
El 4 de septiembre, el fiscal general de El Salvador Douglas Meléndez declaró a Factum que se había liberado a los acusados después de las 72 horas requeridas de detención administrativa, y se les dio una licencia administrativa para dedicarse al "trabajo de oficina", según lo planteó un agente de la PNC.
Análisis de InSight Crime
Aunque ambas investigaciones se hallan aún en sus etapas preliminares y aún deben pronunciarse los fallos definitivos, los casos ilustran una dolorosa realidad en lo que respecta a la corrupción policial: algunos crímenes pueden ser más aceptables que otros.
No se pone en duda que las pandillas de El Salvador plantean un grave problema de seguridad para las autoridades. El fiscal general Meléndez y su familia denunciaron recientemente amenazas de muerte y órdenes de salir del país. Y las fuerzas de policía de El Salvador y sus familias han sido cada vez más blanco de las pandillas del país.
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Sin embargo, los escuadrones de la muerte antipandillas dirigidos por las fuerzas de seguridad y la corrupción policial en general también son problemas graves. No cabe duda de que la manera como las autoridades manejen el caso de alto perfil más reciente, y la reforma policial en términos más amplios tendrán implicaciones en la marcha futura del país.
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