Un líder indígena en Nicaragua ha dicho que los taladores ofrecen armas a su comunidad a cambio de talar ilegalmente los bosques que hay en su territorio, un ejemplo más de cómo las comunidades indígenas en Latinoamérica pueden verse envueltas en el crimen organizado.
“Hay un peligro, una cosa más grave engañando a la gente, (le dicen) ‘usted tiene problemas deme la madera 1.500 metros cúbicos, nosotros les vamos a facilitar armas para que ustedes peleen con los colonos’”, denunció Hilario Thompson, representante del partido indígena Yatama, en entrevista con La Prensa. Los “colonos” son personas que ocupan las tierras nativas sin autorización.
Según Thompson, unas 5.000 hectáreas de bosque ubicadas en territorio indígena han sido explotados ilegalmente por los madereros. Thompson dice que el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) es cómplice en este fenómeno.
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La lucha por tierras indígenas dio lugar al derramamiento de sangre a comienzos de este año. En enero, dos colonos fueron asesinados y cinco más secuestrados durante confrontaciones en una de las regiones indígenas autónomas del país.
Análisis de InSight Crime
La apropiación de tierras y el tráfico de madera en territorio indígena son un problema de siempre en Nicaragua, que puede agravarse por la corrupción o la ausencia de los funcionarios gubernamentales. Pero enfrentamientos similares entre comunidades indígenas y el crimen organizado son extremadamente comunes en muchos otros lugares de Latinoamérica, con consecuencias muchas veces trágicas para las poblaciones locales.
En toda la región, los grupos indígenas se ven amenazados por organizaciones criminales que pretenden explotar los recursos naturales que hay en sus tierras. Los Wounaan en Panamá han documentado la deforestación y la contaminación de sus vías fluviales causadas por la tala ilegal y la ganadería. La minería ilegal de diamantes también ha causado estragos en territorios pertenecientes a los Cinta Larga de Brasil. Y en México, activistas dicen que la exposición de los pueblos indígenas a los químicos usados en los cultivos de amapola y marihuana pueden ser los responsables del aumento en casos de cáncer entre niños indígenas.
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Por supuesto, algunas comunidades indígenas son cómplices en estos esquemas delincuenciales. En Venezuela, en solo un año se procesó judicialmente a 50 miembros de la comunidad Warao por delitos relacionados con contrabando de drogas y combustible. Documentos oficiales de Estados Unidos filtrados por Wikileaks en 2012 también señalaban que grupos indígenas en Nicaragua podían estar implicados en narcotráfico.