En Perú, el arresto de un dirigente local y decenas de sus presuntos cómplices por dirigir una violenta red de tráfico de terrenos pone de presente que descentralizar el poder político abre más posibilidades para el crimen organizado a nivel local.
El 12 de junio, las autoridades peruanas arrestaron a 33 presuntos miembros de los "Injertos de Nuevo Ayacucho", una banda criminal que había estado delinquiendo por más de veinte años, informó El Comercio.
Las autoridades creen que el grupo estaba encabezado por Yhosbel García Buasbek, también conocido como "Gordo", dirigente de Nuevo Ayacucho, centro poblado del municipio de Cañete. Según las autoridades, el grupo se dedicaba al tráfico de terrenos. Específicamente, dicen que invadían terrenos privados en Cañete y el vecino municipio de Chincha, desplazando por la fuerza a sus propietarios, para luego vender las propiedades a inversionistas privados.
Para dirigir su red criminal, García contrató a un escuadrón conocido como "exterminadores de Cañete". Las autoridades estiman que el grupo asesinó a por lo menos 50 personas desde 1995, 8 de ellas en 2016 solamente. Entre los sospechosos detenidos, que el 14 de junio habían llegado a 37, se encuentran cuatro policías, tres de ellos en servicio y uno retirado.
"La expansión urbana en las periferias de las ciudades ha generado mafias criminales que tienen el propósito de apropiarse de los predios de otros", dijo el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en un informe de La República.
Análisis de InSight Crime
García no es la primera autoridad municipal peruana en ser vinculada con el crimen. En 2014, un estudio realizado por la Procuraduría General descubrió que el 92 por ciento de los alcaldes del país estaban siendo investigados por corrupción, mientras que en las elecciones programadas para octubre de ese año habían sido declarados culpables de alguna actividad ilícita.
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Pero la lucha por romper los vínculos entre los representantes políticos locales y los grupos criminales puede ser un proceso lento y difícil. Como InSight Crime lo ha señalado anteriormente, la creciente descentralización de la autoridad y de la responsabilidad financiera en Perú y en otras partes de la región les ha dado a los funcionarios locales mayor control sobre los presupuestos y las políticas de seguridad. Esto, a su vez, ha permitido que haya más corrupción y penetración del crimen organizado en los poderes locales.
En el caso de García, se dijo que había estado trabajando con un sindicato de la construcción, y que estaba usando sus conexiones oficiales para que le ayudaran a vender sus propiedades robadas.
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