Las autoridades de El Salvador han comenzado a recopilar una lista de empresas de transporte que se cree que están involucradas en el narcotráfico, aunque por sí sola, parece poco probable que la medida tenga un gran impacto en este comercio ilegal.
Según la Dirección General de Aduanas (DGA) de El Salvador, 152 de las empresas de transporte del país están "en riesgo" de participar en el narcotráfico con base en las frecuentes o repetidas incautaciones de drogas en sus vehículos. De estas, 76 son consideradas de riesgo "alto" y las otras 76 de riesgo "medio", informó La Prensa Gráfica.
Varias de las empresas están vinculadas a diez incautaciones que resultaron en un total de 966 kilogramos de cocaína y US$366.000, según el diario. Esas incautaciones no condujeron a ningún arresto o actuaciones judiciales contra las empresas.
Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), admitió que muchas empresas de transporte salvadoreñas estaban involucradas en el tráfico de drogas. Según un controlador de carga entrevistado por La Prensa Gráfica, propietarios y administradores de las empresas a menudo fueron responsables de las drogas ocultas en los vehículos; una afirmación apoyada por representantes de los sindicatos de los transportadores en Costa Rica y Nicaragua, que cuestionaron cómo las empresas podrían cobrar tarifas inferiores a sus costos de operación para transportar mercancías legales.
Según La Prensa Gráfica, ninguna empresa salvadoreña de transporte ha sido procesada por narcotráfico desde 2008. Honduras es el único país de la región con planes para compilar una lista similar.
Análisis de InSight Crime
Mientras que algunos conductores de camiones que esconden las drogas han sido procesados, el artículo de La Prensa Gráfica ilustra cómo en general ha habido una impunidad casi total. Todos los intentos de El Salvador para remediarlo deben ser bienvenidos.
No obstante, es poco probable que esta medida funcione por sí sola. En primer lugar, la corrupción policial y la ineficiencia judicial que posibilitan que los transportistas de drogas, o incluso los capos, salgan libres luego de ser sorprendidos in fraganti, no van a desaparecer por arte de magia ahora que las autoridades tienen una lista de sospechosos. En segundo lugar, como es el caso de gran parte de los esfuerzos antinarcóticos de la región, la lista tiene como objetivo a los niveles inferiores de la cadena de mando en lugar de atacar a las organizaciones criminales que dirigen las operaciones de transbordo –aunque algunos "transportistas" sí llegan a convertirse en actores importantes–.
Por último, aunque la lista lleve a más incautaciones y mayores procesamientos judiciales, no va a detener el flujo de drogas hacia el norte. Los narcotraficantes simplemente encontrarán otras formas de transporte o nuevas rutas si la policía en las carreteras de El Salvador se convierte en un serio dolor de cabeza.
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