Las "mafias" peruanas con amplios intereses mineros ilegales están tratando de formalizar sus operaciones, según el gobierno, llamando la atención sobre la delgada línea entre la minería informal y la ilegal.
Un informe del diario El Comercio describe cómo varios "capos del oro" están en una lista del gobierno de los poseedores de títulos de concesión, con el objetivo de convertir sus operaciones criminales en legales. En la lista se encuentran los nombres de Gregoria Casas Huamanhuillca, alias "Goya", y Cecilio Baca Fernández, alias "Baca", unos exesposos a quienes El Comercio describe como "los fundadores del imperio de la minería ilegal", y quienes han sido investigados por lavado de dinero.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal reconoció que los nombres habían sido incluidos, pero culpó a los "errores que los gobiernos regionales hacen" y dijo que deben ser eliminados. No obstante, el director regional del Ministerio de Energía y Minas, Milner Oyola, dijo a El Comercio que Baca y su familia estuvieron entre 5.000 mineros informales que habían completado los procedimientos necesarios en el proceso de formalización: "Todo el mundo tiene los mismos derechos y no deben ser excluidos".
También se informó que seis hombres y cuatro mujeres habían sido capturados en el aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, llevando en sus maletas más de US$4 millones en ganancias, producto de la minería ilegal.
Análisis de InSight Crime
La minería ilegal es un gran negocio en Perú. El año pasado se estimó que vale más en términos económicos que el tráfico de cocaína, aunque eso no quiere decir que sea más de una cuestión de seguridad. Aunque ha habido algunos informes de vínculos entre el sector de la minería ilegal y los grupos narcotraficantes, el comercio no está dominado por grupos criminales como en otros países, particularmente Colombia.
En cambio, en Perú gran parte de la minería es simplemente informal, una situación algo inevitable en zonas donde no hay presencia del Estado. Madre de Dios, una región selvática ubicada al sureste del país, es la principal región minera aurífera de Perú, tiene pocas carreteras, no tiene controles fiscales ni bancos, y sin embargo se estima que más de US$27 millones al mes se mueven a través de un solo departamento en la zona. Se cree que Baca y Casas controlan más de 2.000 hectáreas utilizadas para la minería ilegal en la región.
Aunque es discutible hasta qué punto los grupos criminales están involucrados, es innegable que la minería informal de oro ha devastado miles de hectáreas de la selva peruana y emplea a miles de personas en condiciones muy peligrosas, generando enormes ganancias personales e ilegales para barones como Baca y Goya, por lo que cualquier intento de formalizar el sector debe ser bienvenido.
SUSCRIBIRME