Un tribunal de El Salvador ha dictaminado que una red de corrupción dirigida por un exfiscal general y un poderoso empresario se constituyó en una estructura de crimen organizado, una confirmación oficial de lo que muchos sospecharon durante años.
Los funcionarios salvadoreños afirman que el exfiscal general Luis Martínez y el reconocido empresario Enrique Rais crearon una asociación criminal organizada que "era dirigida por un centro de decisiones, quien daba órdenes para comprar la justicia", como dice un tuit de la Fiscalía General del 25 de enero.
Las autoridades arrestaron a Martínez y Rais en agosto de 2016 acusados de corrupción judicial por conspirar para estafar el sistema judicial en varias ocasiones. El caso central de la investigación consiste en un pleito multimillonario que involucra a dos exsocios de la compañía de gestión de residuos de Rais, MIDES S.A. de C.V. Las autoridades sostienen que Martínez y Rais sostuvieron una relación "dehonesta" con el fin de favorecer la agenda jurídica del último.
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y crimen organizado
Según La Prensa Gráfica, los jueces determinaron que Martínez y Rais, junto con otras personas, corrompieron el sistema de justicia mediante una estructura que cumplía las condiciones establecidas por la ley contra el crimen organizado para ser considerada como tal: una organización jerárquica compuesta de dos o más personas con roles definidos, actuando de manera conjunta con la intención de cometer un delito.
Según los jueces, la estructura tenía tres niveles: los empresarios, dirigidos por Rais, les daban órdenes a su grupo de abogados, los cuales luego presuntamente sobornaban a funcionarios públicos. En un caso, un experto en medicina legal confesó haber recibido US$5.000 a cambio de mentir acerca de los supuestos problemas psicológicos que Rais y uno de sus conspiradores habían declarado en un informe oficial, según La Prensa Gráfica.
El magnate luego huyó a Suiza, donde permanece oculto para evadir los cargos en su contra en El Salvador.
Análisis de InSight Crime
El fallo de la corte, según el cual la red de corrupción liderada por Rais y Martínez constituía una estructura criminal organizada no es sorprendente, pero sí es significativo, ya que indica que las autoridades de El Salvador están identificando este tipo de organizaciones como lo que son.
El caso de Rais es el ejemplo perfecto de la intersección entre crimen organizado, élites poderosas y Estado en El Salvador.
Según algunos informes, entre quienes viajaban en los aviones de Rais se encontraban, además de Martínez, el expresidente de Honduras Porfirio Lobo, y el saliente presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, así como varios miembros de su administración. Los aviones de Rais fueron confiscados por autoridades estadounidenses en la Florida, pero el caso que exigía su confiscación fue cerrado, y sus aviones le fueron devueltos.
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Rais fue además un importante actor político, que apoyó a Martínez para llegar a ser fiscal general en 2012, cabildeando con la ayuda del polémico político José Luis Merino, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Martínez está acusado de haber convertido a la Fiscalía General en un mercado, en donde recibía como obsequio vehículos, tarjetas de crédito, viajes y bonos mensuales de hasta US$20.000, a cambio de detener o retrasar las investigaciones sobre corrupción.
Los vínculos entre las élites de El Salvador y el crimen organizado se remontan a varios años atrás, pero las cosas pueden cambiar tras la reciente elección de Nayib Bukele como presidente del país. Su elección puso fin a 30 años de gobiernos bipartidistas. El presidente electo basó su campaña especialmente en la lucha contra la corrupción, prometiendo erradicarla mediante la conformación de una comisión con respaldo internacional contra la impunidad y la corrupción.
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