Casi todos los países de Latinoamérica se ven en dificultades para combatir los elevados índices de impunidad, según un nuevo informe que analiza las condiciones estructurales y de derechos humanos que contribuyen a la impunidad de los crímenes en la región.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2017 del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la impunidad es la norma en todo Latinoamérica y el Caribe.
El informe calculó los puntajes del índice de impunidad con base en factores, como fortaleza institucional y otras condiciones estructurales para 69 países de todo el mundo —19 de ellos en Latinoamérica y el Caribe—, donde los puntajes más altos representaban los peores niveles de impunidad.
Casi la mitad de los países latinoamericanos analizados se contaron entre los países con las peores calificaciones de impunidad a nivel global. La puntuación de México fue la peor del continente americano, y solo cuatro puestos por encima del país peor calificado del mundo, Filipinas. Barbados tuvo la menor calificación de impunidad en la región.
Para calcular los puntajes de impunidad, los autores del informe analizaron lo que llaman la "cadena de la impunidad". El informe describe la cadena de impunidad como un proceso que se inicia con la denuncia de un crimen, a lo que idealmente debe seguir una investigación de las instituciones judiciales, y finalmente termina con el Estado impartiendo justicia al perpetrador y la víctima.
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Los investigadores estudiaron los eslabones de esta cadena mediante el análisis de dos factores. El primero —la funcionalidad de los sistemas de protección de la seguridad, la justicia y los derechos humanos— tuvo un puntaje basado en indicadores, como el número de personas en los juzgados en comparación con el número de fiscales, o el porcentaje de reclusos en detención preventiva. El segundo —la capacidad estructural de los sistemas de justicia del país— se midió con puntos de datos, como el número de agentes de policía y de jueces por cada 100.000 residentes.
A continuación el estudio asignó a cada país una calificación de impunidad, usando una fórmula que combinaba el análisis de la funcionalidad y la capacidad estructural con una evaluación de situación de derechos humanos.
Análisis de InSight Crime
El índice de impunidad ofrece un análisis multifacético de los factores que contribuyen a la falta de castigo de los crímenes en Latinoamérica. Y los autores del informe sostienen que la región debe hacer mayor énfasis en destinar recursos en la prevención de delitos, distribuir inteligencia e información y mejorar la capacidad de los sistemas judiciales de los países para impartir justicia y mejorar los altos índices de impunidad en términos generales.
No sorprende la mala calificación obtenida por México en el índice, por las notorias altas tasas de impunidad en el país. México tiene solo 4,2 jueces por cada 100.000 habitantes, y el 43 por ciento de la población carcelaria del país se encuentra en detención preventiva, que según el informe es una señal de la poca funcionalidad y la ineficiencia del sistema de justicia en el país (las autoridades mexicanas intentan actualmente una revisión importante del aparato judicial, pero la iniciativa se ha topado con algunos obstáculos importantes).
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Por otro lado, Barbados y Costa Rica ostentaron dos de las mejores calificaciones de Latinoamérica, lo que se debe en gran parte a sus organizadísimos y bien estructurados sistemas de justicia y seguridad. Un indicador de eso es el porcentaje relativamente bajo de presos en detención preventiva en las cárceles de Barbados, lo que el informe considera reflejo de procesos judiciales eficientes.
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