Un grupo de manifestantes contra la corrupción en Honduras hizo un llamado a la ONU para que establezca una comisión antiimpunidad similar a la CICIG en la vecina Guatemala, solicitud que ha generado interrogantes sobre lo realista y efectiva que podría ser la medida.
El 5 de junio, miles de manifestantes protestaron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, y llegaron hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir la creación de una comisión en contra de la impunidad, informó Reuters.
Hernández es actualmente objeto de abundantes críticas, luego de haber admitido que su campaña presidencial de 2013 recibió dinero de empresarios vinculados a un escándalo de malversación de fondos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Hernández negó cualquier responsabilidad y afirmó que desconocía el origen del dinero.
Asimismo, el poder ejecutivo anunció recientemente que el Ministerio Público comenzaría a tomar acciones judiciales en varios casos de corrupción relacionados con los organismos de bienes raíces, transporte, migración y aduanas del país. Los escándalos de corrupción cada vez mayores han hecho que los manifestantes hondureños pidan un organismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyada por la ONU, la cual ha estado al frente de la lucha contra la impunidad en el país e impulsó las investigaciones de los casos de corrupción que dejaron tambaleando al actual gobierno.
Sin embargo, para que una comisión internacional apoyada por la ONU sea establecida en Honduras, es necesario que el gobierno hondureño realice una petición formal al organismo para que ésta sea conformada. Carlos Hernández —representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras— se mostró abierto a la posibilidad de una “CICIH”, pero advirtió que para su implementación habría que pasar por un proceso lento que podría tomar unos tres años, y señaló que se deben tomar otras medidas más inmediatas para combatir la corrupción y la impunidad.
Análisis de InSight Crime
Durante el 2007, la CICIG comenzó a trabajar para combatir la impunidad y desmantelar redes criminales “paralelas” en Guatemala. Esta comisión jugó un papel clave en el reciente descubrimiento de casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el primero de los cuales llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Estos escándalos —y las masivas protestas que causaron en Guatemala— han amenazado los cimientos del actual gobierno, dejando al presidente Otto Pérez Molina cada vez más solo. La Corte Suprema de Guatemala incluso está analizando una denuncia de corrupción contra Pérez y deberá determinar si existen razones suficientes para retirarle su inmunidad.
Dado el papel que cumple la CICIG en la aceleración de una crisis política en su país vecino, es probable que Hernández —y otras élites hondureñas—sea cauteloso a la hora de invitar a un organismo internacional a su país para combatir la corrupción. Especialmente teniendo en cuenta que varios políticos y miembros de las élites hondureñas son sospechosos de estar implicados en actividades de corrupción y tráfico de drogas, o han sido relacionados con dichas actividades.
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