Las autoridades de Uruguay dicen que el costo de la marihuana, bajo la ley del país que regula el cultivo y la venta de la droga, será de US$1 por gramo, un precio que probablemente proporcionará una dura competencia a los grupos criminales dedicados al comercio.
Según Julio Calzada, secretario general del Junta Nacional de Drogas (JND), un gramo equivale a un cigarrillo grueso o dos o tres más finos, informó El País. El precio se fijó para competir con el mercado ilegal, que está dominado por Paraguay, uno de los mayores productores de marihuana en el hemisferio occidental.
Según Calzada, el sistema de ventas de marihuana reguladas por el Estado -que requerirá que los usuarios se registren en un banco de datos nacional privado, y pone un tope de 40 gramos de uso personal al mes- debería comenzar a operar en el segundo semestre de 2014.
Mientras tanto, el proyecto sobre la marihuana, que todavía espera la aprobación del Senado, se enfrenta a un nuevo desafío de la oposición sobre el presupuesto del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). La Constitución impide la aprobación de una ley que requiera un presupuesto dentro de un año de elecciones, que se celebrarán en junio próximo.
Análisis de InSight Crime
En la actualidad, alrededor del 80 por ciento de la marihuana utilizada en Uruguay proviene del vecino Paraguay, el mayor productor de Suramérica. Los defensores del proyecto de ley de la marihuana de Uruguay creen que la regulación ayudará a reducir las ganancias de las organizaciones criminales que venden marihuana -estimadas en alrededor de entre US$30 y US$40 millones al año- y, posteriormente, permitir al gobierno concentrar los recursos en los problemas de seguridad más graves.
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Sin embargo, para que esto suceda, el gobierno tendrá que asegurarse de que el cambio del consumo ilegal al consumo legal de la marihuana tenga lugar en las calles y no se de sólo en el papel. Una de las principales preocupaciones en este sentido fue el precio, ya que si los delincuentes pueden socavar gravemente los precios legales, el mercado negro probablemente permanecerá.
Con el precio de US$1 por gramo comparable a los precios ilegales, parece que el gobierno está preparándose efectivamente para esto. Sin embargo, sigue habiendo algunos obstáculos, y, como InSight Crime ha señalado, para que la ley sea efectiva, debe ir acompañada de una estrecha supervisión de los cultivos y sanciones severas por la distribución ilegal.
La última maniobra de la oposición es un recordatorio de que el proyecto de ley también se enfrenta a numerosos obstáculos políticos. Si bien el gobierno no ha mostrado hasta ahora ninguna señal de pánico por los intentos de echar a perder el proyecto de ley, su situación sigue siendo de alguna manera precaria hasta que se convierta en ley. Si no pasa antes del final del mandato del presidente José Mujica, probablemente significaría la muerte de la ley, ya que una considerable oposición política y popular significaría que es poco probable que sea revivida por un nuevo grupo de líderes.
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