Las autoridades en Costa Rica arrestaron a cuatro miembros de una familia bajo sospecha de vender mariposas, escarabajos, avispas y arañas en el mercado negro europeo, un reflejo de una iniciativa regional de ofensiva contra el tráfico de vida silvestre.
El 20 de noviembre, las autoridades realizaron cinco allanamientos en varias residencias y un mariposario en Puntarenas, según un reporte del Ministerio Público de Costa Rica. Los investigadores buscaban evidencias que respaldaran denuncias de tráfico de fauna silvestre realizadas desde marzo de 2018.
Aunque la familia en investigada tiene una licencia del Ministerio de Medio Ambiente y Energía para operar un mariposario, la Fiscalía General indaga denuncias que alegan que este era realmente una “cortina de humo” para distraer la atención de exportaciones ilegales a Alemania, Holanda y Francia, pues la familia no tenía licencias para exportar fauna silvestre.
Los investigadores estiman que los sospechosos vendían los insectos y arácnidos hasta en US$1.100 la unidad. Cada mes se enviaban por correo unas 700 especies distintas de insectos, empacadas en cajas marcadas como artesanías, según informó el diario costarricense La Nación.
Análisis de InSight Crime
El caso de tráfico de mariposas en Puntarenas pone en evidencia cómo el bajo riesgo y las elevadas ganancias del tráfico de vida silvestre atraen a la gente a esta actividad.
En 2018, el país investigó 25 casos similares. Entre los acusados de violación de la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica en 2019, hay dos alemanes capturados en el aeropuerto llevando arañas y hormigas en sus equipajes.
Las potenciales ganancias son tentadoras, pues hay compradores de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia dispuestos a pagar altos precios. Jessica Speart, autora de un libro sobre tráfico de mariposas publicado en 2011, declaró a PRI que hay coleccionistas obsesivos dispuestos a pagar US$60.000 dólares por una mariposa.
Paralelamente, los riesgos son muy bajos. Por ejemplo, la ley costarricense establece penas de cárcel de uno a tres años o multas hasta de 30 salarios básicos mensuales para los declarados culpables de traficar con vida silvestre. En toda la región es común que se apliquen multas y penas de prisión irrisorias. Además de eso, los traficantes pueden usar muchas veces medios de despacho de bajo costo y riesgo. Los investigadores dicen que los traficantes de insectos por lo general matan a las criaturas, las tratan con cloroformo y las envían por correo usando servicios de mensajería corrientes.
Como el continente más biodiverso del mundo, que alberga cerca del 40 por ciento de las especies de fauna y flora del planeta, Latinoamérica ha sido por largo tiempo un centro de tráfico de vida silvestre.
El tráfico de vida silvestre puede diezmar poblaciones de especies codiciadas y también afectar la economía de un país como Costa Rica, tan dependiente del ecoturismo. “Si no hay vida silvestre que ver, la gente no va a venir”, fue la declaración para The Guardian de Sue Lieberman, vicepresidenta de políticas internacionales en la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS).
También en Costa Rica, otros animales vivos valiosos para los traficantes son los reptiles, como iguanas y serpientes, y ranas. También es prevalente el tráfico de partes de animales. Se han presentado muertes de pequeños felinos por sus pieles y de tiburones por sus aletas.
VEA TAMBIÉN: España desmantela extensa red de tráfico de fauna silvestre
En octubre de 2019, un mes antes de la captura de los traficantes de mariposas en Costa Rica, 20 gobiernos latinoamericanos y europeos firmaron la Declaración de Lima, un acuerdo de colaboración en iniciativas de lucha contra el tráfico de vida silvestre. “No está en jaque, ni bajando, está creciendo. Es un negocio globalizado que demanda una respuesta globalizada”, señaló, en relación con la declaración, el director del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú Luis Alberto Gonzales-Zúñiga.
Desafortunadamente, la corrupción es uno de los mayores obstáculos para combatir este comercio ilícito. Salvador Ortega, jefe de Interpol para delitos forestales en Latinoamérica, comentó a The Guardian que los funcionarios públicos deben asumir seriamente la lucha contra el tráfico de vida silvestre, y declaró que “deben entender que hacen parte de la cadena de suministro de una organización criminal transnacional”.
SUSCRIBIRME