Según estimaciones oficiales, el 11 por ciento de la población colombiana está presuntamente implicada en actividades ilegales, una afirmación discutible que, sin embargo, evidencia lo profundo que el crimen se ha infiltrado en la población del país.
En un foro celebrado en el marco del Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, el gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) dijo que las cifras del Ministerio de Justicia indican que el 11 por ciento de los colombianos trabajan de alguna manera en actividades ilícitas, informó El Colombiano. Esto significaría unos 5,3 millones de personas en 2015.
El gerente de EPM, Jorge Londoño de La Cuesta, añadió que las incautaciones de bienes pertenecientes a los grupos ilegales representan el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. No especificó a qué año corresponden estas estadísticas.
Durante el mismo evento, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, afirmó que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los bienes incautados a los grupos criminales por lavado de dinero representan el 2 por ciento del PIB.
Aunque el sector financiero de Colombia ha establecido políticas, instituciones y sistemas de prevención en el sector privado para combatir el lavado de dinero, Medina señaló que se necesitan tomar medidas adicionales.
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Por eso el Ministerio de Justicia al parecer va a presentar al Congreso un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, que permitirá que los bienes ilegales sean confiscados más rápidamente, dado que flexibilizará los requisitos y acelerará los procedimientos.
Ello permitirá que los bienes incautados sean vendidos inmediatamente por la organización responsable de su administración (la Sociedad de Activos Especiales, SAE), sin necesidad de una aprobación previa de un juez. Y se creará un fondo para indemnizar a los propietarios de los bienes, en caso de que algún juez más adelante descubra que no eran culpables.
Análisis de InSight Crime
La preocupante estimación de que más de 5 millones de colombianos están involucrados en actividades ilícitas se debe tomar con cierta cautela. Esta cifra generó reacciones diversas entre los analistas consultados por InSight Crime; algunos consideran que es demasiado alta, mientras que otros dijeron que la situación de Colombia como el mayor productor de cocaína en el mundo, así como las economías clandestinas que ello genera, hacen que la cifra sea creíble.
Esto permite plantear la pregunta acerca de cómo se obtuvieron las cifras. (El Ministerio de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud que le hizo InSight Crime para que comentara sobre la metodología utilizada por el organismo.) El cálculo quizá toma en cuenta el gran número de civiles que cumplen papeles cruciales en muchas etapas dentro de las economías criminales.
La ONUDD estima que más de 370.000 personas participan en los cultivos de coca o dependen de ellos (pdf), sin olvidar que la minería ilegal y el contrabando son también enormes industrias ilícitas. Además, las estadísticas oficiales establecen que el empleo informal en las zonas urbanas es casi del 50 por ciento.
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Las estimaciones sobre la magnitud de la economía ilegal en Colombia deben considerarse en el contexto del proceso de paz que se está adelantando con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la investigación de campo de InSight Crime, el grupo controla la mayor parte de la industria ilegal de la coca en Colombia, y en caso de que se desmovilice deberá reacomodarse a la economía legal para evitar que sus casi 7.000 miembros continúen en las actividades ilegales o regresen a ellas.
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