Más de 80 alcaldes en ejercicio y retirados presuntamente han sido asesinados durante los últimos diez años, tres de ellos en las últimas semanas, un patrón de violencia que pone de relieve los intereses políticos de los grupos criminales implicados en gran número de los homicidios.
De acuerdo con un informe reciente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de México, reseñado por Milenio y Animal Político, un total de 82 alcaldes, retirados y electos han sido asesinados desde el 2006 hasta el día de hoy. De las víctimas, 43 se encontraban en funciones en el momento de su muerte, 32 se había retirado y siete habían sido electos, pero no se habían posesionado.
Tres de los homicidios ocurrieron entre el 23 de julio y el 1 de agosto de este año, un marco de diez días, en los que se asesinó a alcaldes posesionados en las ciudades de San Juan Chamala, en el estado de Chiapas; Pungarabato, en Guerrero, y Huehuetlán El Grande, en Puebla.
El atentado contra el alcalde de San Juan Chamula era el primero de su tipo en Chiapas desde 2006, según el informe de la ANAC. Pero Puebla ya había tenido el homicidio de un alcalde posesionado en 2013, y de un exalcalde en 2015. Y Guerrero se sitúa entre los estados más peligrosos para alcaldes en funciones y retirados, con ocho muertos entre 2006 y la actualidad.
Oaxaca encabezó la lista de estados con más alcaldes asesinados desde 2006, con quince; seguido de Michoacán, con diez, y Veracruz, con nueve. (Vea el mapa de Animal Político a continuación)
De acuerdo con el informe de la ANAC, la mayoría de los políticos inmolados —68 de 82, o un 83 por ciento— militaba en los tres partidos políticos más importantes de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contó 37 víctimas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contó 19, y el Partido Acción Nacional (PAN) tuvo un conteo de 12.
Las estadísticas, combinadas con la reciente sucesión de asesinatos, instaron a la ANAC a emitir una demanda pública al gobierno federal para que brinde mayor respaldo en el refuerzo de la seguridad de sus representantes municipales.
"Este es un tema fundamental de gobernabilidad", declaró el presidente de ANAC Enrique Vargas del Villar a Animal Político. "El que un presidente no pueda ejercer sus funciones significa un riesgo para el Estado. Esto se ve en el extranjero y arroja un panorama muy negativo, por lo que es algo que debe corregirse de inmediato".
Un análisis publicado en enero por El Universal identificó más de 120 alcaldes y exalcaldes que habían sido asesinados entre 2005 y 2016, además de 44 parientes de alcaldes en funciones asesinados durante ese tiempo.
Análisis de InSight Crime
La matanza de docenas de alcaldes mexicanos en los últimos años ilustra la importancia que para las organizaciones criminales tiene asegurar su influencia en la política local. Aunque no es un fenómeno nuevo, la actual fragmentación del panorama del crimen organizado en México puede ser la causa de un repunte de la violencia dirigida hacia las autoridades locales. Con la mayor dependencia de los grupos criminales de actividades de delincuencia local, como el microtráfico, la extorsión y el robo, la cooptación o intimidación de alcaldes cobra máxima importancia para estas organizaciones.
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Varios expertos han afirmado que la capacidad de México para resolver sus problemas de seguridad a largo plazo depende en gran medida de mejorar la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a la corrupción y la coerción creadas por los grupos criminales. Pero, como lo ha visto el presidente Enrique Peña Nieto, hacerlo no es tarea fácil; el crimen y la política han mantenido estrechos lazos por buena parte de la historia de México.
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