La Fiscalía General de Bolivia destituyó o sancionó a más de 100 empleados de esa dependencia en 2015 por diversas transgresiones, una señal de corrupción generalizada en la institución, pero también de mayor vigilancia en casos de infracciones de funcionarios.
El Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero anunció en la televisión estatal que 67 de los 500 fiscales bajo su mando habían sido destituidos por acusaciones de corrupción. Según el diario La Razón, las destituciones se dieron a raíz de varias quejas, como "malos tratos" a los litigantes, cobro de coimas, incumplimiento de requisitos de la investigación, incumplimiento de fechas y demoras en la presentación de cargos.
Guerrero declaró además que 41 fiscales más enfrentaron sanciones pecuniarias de entre 5 y 40 por ciento de sus salarios por otras faltas en su cargo, las cuales no especificó.
El fiscal general anunció que el organismo reemplazará a los fiscales despedidos con 60 abogados recién certificados "que sean probos, idóneos y tengan ética profesional".
Además, Guerrero hizo énfasis en que esta dependencia está al servicio del público.
"El servicio que presta el Ministerio Público es totalmente gratuito", señaló. "No se debe cobrar ni un solo centavo a la gente".
Análisis de InSight Crime
Esta limpieza puede leerse de dos maneras muy distintas. Aunque la destitución o la sanción de más del 13 por ciento de los fiscales federales indica la existencia constante de corrupción generalizada en las instituciones públicas, los despidos también pueden ser una señal de que el gobierno boliviano no pretende tolerar la mala conducta en sus funcionarios.
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Las medidas contra la corrupción también pueden indicar una mayor conciencia del rol que ha desempeñado la corrupción en la participación cada vez mayor de Bolivia con el comercio regional de la droga. Como lo informó InSight Crime, a comienzos de 2015 el ministerio anticorrupción de Bolivia comenzó a investigar denuncias de enriquecimiento ilícito en docenas de agentes de policía y funcionarios judiciales. En marzo, la fiscal del distrito de La Paz, Patricia Santos, fue retirada de su cargo junto con otros fiscales acusada de un sinnúmero de faltas de conducta.
El impulso para erradicar la corrupción parece extenderse más allá de la rama judicial. En marzo del año pasado, el exdirector de la policía antinarcóticos de Bolivia, Óscar Nina, fue arrestado bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y nexos con el negocio de la droga. Y la semana pasada, la Fiscalía General anunció demandas por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito contra el jefe de las fuerzas armadas, Gonzalo Durán.
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