Los fiscales en Colombia están investigando a más de 200 funcionarios públicos por tener vínculos con las organizaciones criminales conocidas como BACRIM, lo que ilustra cómo estos grupos sucesores de los paramilitares han continuado la dependencia de contactos corruptos dentro del Estado, que también era característica de sus predecesores.
La Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes (BACRIM, de "bandas criminales"), ha abierto investigaciones contra 208 funcionarios, según un informe visto por El Colombiano. Entre ellos hay 114 miembros de las fuerzas de seguridad, 10 concejales o aspirantes a concejales y siete alcaldes y candidatos a alcaldes.
Entre otros funcionarios bajo investigación hay fiscales, investigadores de la rama de investigación de la Procuradoría General, el CTI, secretarios judiciales y otros funcionarios del sistema judicial.
La policía tiene más sospechosos que cualquier otra institución estatal, con 93 funcionarios bajo investigación, 60 de ellos a nivel patrullero.
Las zonas más afectadas son Antioquia, fortin de los Urabeños, con 43 investigaciones; Chocó, el hogar de un grupo más pequeño conocido como Renacer, que está respaldado por los Urabeños, con 22; y el Valle del Cauca, una zona central de los Rastrojos con 19.
Análisis de InSight Crime
Los predecesores paramilitares de las BACRIM, las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), establecieron una red de corrupción de un alcance sin precedentes, utilizando sus credenciales de contrainsurgencia y la riqueza de origen criminal para extender su influencia hacia todos los rincones del Estado.
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La desmovilización de las AUC en 2006 creó las híbridas organizaciones paramilitares y mafiosas conocidas como BACRIM. Estos grupos sucesores no tienen las credenciales políticas o las estructuras organizativas nacionales para mantener una extensa red -sin embargo, la corrupción sigue siendo una parte fundamental de sus operaciones.
Como se ilustra en la distribución de las investigaciones a través de las instituciones, los contactos corruptos más importantes que las BACRIM buscan están entre las fuerzas de seguridad. Miembros corruptos del ejército y la policía pueden ser 'comprados' para garantizar el paso seguro de los cargamentos de droga, así como para obtener información de inteligencia sobre los movimientos y actividades de las fuerzas de seguridad y los grupos criminales rivales.
En el ámbito de la política, el poder de la BACRIM es sustancialmente menor que el de sus predecesores. La influencia de la AUC se extiendió a todos los niveles de la política, desde el municipal hasta el Congreso Nacional, donde según líderes de las AUC, más de un tercio de los miembros eran simpatizantes. Por el contrario, las BACRIM generalmente se han concentrado más en la política de nivel bajo, utilizando su influencia para garantizar que sus actividades locales no atraigan atenciones no deseadas (pdf).
Sin embargo, como se destaca en el reciente caso del gobernador de La Guajira, Francisco "Kiko" Gómez, quien está acusado de trabajar primero con las AUC y luego con las BACRIM, en algunas regiones todavía persisten los vínculos entre políticos de alto nivel y paramilitares, que fueron establecidos en la época de las AUC.
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