Bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto se duplicó el número de soldados en roles de policía en México, pero un nuevo informe ilustra cómo la militarización de la seguridad nacional no ha logrado producir mejoras importantes en la seguridad pública.
El número de soldados mexicanos en funciones de seguridad pública aumentó de 1680 en 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, a 3386 en 2016, según datos de Animal Político. De igual modo, los vehículos militares usados para apoyar la seguridad nacional se incrementaron de 160 a 368 en el mismo periodo.
Y estas cifras no incluyen a los soldados desplegados en operativos provisionales a regiones que experimentan una agudización de la violencia, según el medio noticioso.
Más aún, en 2012, hubo 75 bases de "operaciones mixtas" en todo México, donde hay soldados apostados en tareas de seguridad pública. Esta cifra creció a 142 para 2016.
El estado de Guerrero tiene la mayor parte de bases de operaciones mixtas, con 28. En general, hay despliegue de ejército en 24 estados, que representan el 75 por ciento del país.
Aun así el refuerzo no ha generado ganancias en seguridad. Al comparar las estadísticas de septiembre de 2011 a agosto de 2012 con el mismo periodo de tiempo de 2015 a 2016, Animal Político halló que el número de delincuentes capturados, y la cantidad de vehículos, armas de fuego y granadas decomisadas por los militares decayó en más de 50 por ciento.
Análisis de InSight Crime
Como lo señala Animal Político, el despliegue de ejército comenzó como una medida provisional en el mandato del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012). Al posesionarse, el sucesor de Calderón, Peña Nieto, decidió mantener al ejército en las calles mientras se reforzaba las fuerzas de policía estatal.
Pero aunque involucrar al ejército en la seguridad interna se considera una forma de esquivar o complementar fuerzas de policía corruptas o inadecuadas, dicha estrategia ha generado duras críticas de expertos de seguridad y no ha estado exenta de temores por su impacto en los derechos humanos.
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Esas críticas se han elevado incluso desde el interior del mismo ejército. En 2015, el secretario de la defensa nacional de México, general Salvador Cienfuegos, anunció que el ejército seguiría realizando vigilancia en las calles, dado que aún no había avances en la “reconfiguración” de los cuerpos de policía.
"No estamos cómodos", añadió Cienfuegos. "No lo pedimos y no estudiamos para ello".
Cienfuegos ha sido directo en sus demandas de que México adopte un marco jurídico que limite la participación del ejército en labores de policía, una legislación que comenzó a promover en 2013. Sin duda, Cienfuegos ha dicho que enviar a "soldados preparados para la guerra" a combatir criminales ha causado "graves problemas" y pone en riesgo a la población civil.
Efectivamente, el ejército mexicano ha estado implicado en varios escándalos de derechos humanos en los últimos años, de los que el más notable puede ser la masacre de Tlatlaya en junio de 2014, donde los soldados ejecutaron a unas 12 personas.
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