Masacre en municipio muestra corrupción local en México

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Un alcalde y cuatro agentes de la policía municipal fueron arrestados por la masacre de 10 personas en el turbulento estado de Michoacán, en México, un evento que podría dar lugar a un debate sobre la lentitud en la implementación del programa de reforma policial en el país.

El procurador general de Michoacán José Martín Godoy Castro declaró que cuatro agentes de policía obligaron a subir a una camioneta a un grupo de personas que se encontraban en una tienda en la población de Cuitzeo el 29 de julio, informó AFP. Al día siguiente, se hallaron 10 cuerpos calcinados en la camioneta quemada. Citando testigos no identificados, Godoy Castro afirmó que los agentes habían detenido ilegalmente a estas personas por órdenes de Juan Carlos Arreygue, alcalde del municipio de Álvaro Obregón.

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo dijo que era posible que la matanza tuviera relación con disputas por control territorial en el negocio de la droga, informó Cambio de Michoacán. El gobernador salió a decir que según las autoridades federales, Arreygue tenía vínculos con el fallecido Enrique “Kike” Plancarte, exjefe del cartel de los Caballeros Templarios. Plancarte resultó muerto en 2014 durante un enfrentamiento con la Marina Mexicana en el estado de Querétaro.

El 1 de agosto, Aureoles Conejo anunció que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República ya había hallado evidencia que relacionaba al alcalde con el crimen organizado, informó Cambio de Michoacán.

Análisis de InSight Crime

Este caso guarda alguna semejanza con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes, en Iguala, Guerrero, que rápidamente captó la atención internacional sobre la corrupción en México. En ese caso, un alcalde local presuntamente ordenó a la policía que detuviera un bus ocupado por estudiantes manifestantes. Posteriormente la policía entregó a los estudiantes a una pandilla criminal local. La versión del gobierno sostiene que los estudiantes, muchos de los cuales nunca se encontraron, fueron llevados a un basurero y allí incinerados. Sin embargo, expertos internacionales hallan inconsistencias en esa teoría.

En respuesta a la desaparición de los estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso poner todos los departamentos municipales de policía a las órdenes de las fuerzas de policía estatal. La implementación de ese programa ha avanzado con lentitud, sin embargo, y se ha topado con una fuerte resistencia política.

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De todos modos, el programa, conocido como “Mando Único”, no es una panacea para los arraigados problemas de corrupción local en México. En una entrevista reciente con Plano Informativo, el analista de seguridad Alejandro Hope señaló que el alcalde de Iguala había firmado un acuerdo de Mando Único pocos meses antes de la desaparición masiva. Dijo que las autoridades podrían centrar sus esfuerzos de reforma en otras áreas para tener mayor efecto.

“Existe una obsesión con Mando Único cuando es el número 77 en la lista de prioridades de desarrollo policial” comentó Hope. “Para mí, la principal [prioridad] es la formación de agentes de policía, el entrenamiento, el presupuesto. Todos esos temas mencionados aquí son 40 veces más importantes que el Mando Único.”

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