Al menos 13 personas murieron en un motín en una prisión del norte de México, que según algunos testigos fue una reacción contra un intento de toma de la cárcel por parte de Los Zetas, lo que pone de relieve la profundidad del control criminal y la corrupción en el sistema penal.
Los problemas en la prisión de Cadereyta en el estado de Nuevo León surgieron cuando los reclusos tomaron tres guardias como rehenes el 10 de octubre, según informó AFP.
La situación degeneró en disturbios, luego de que unos 250 internos quemaron basuras y colchones y se lanzaron a la azotea de la prisión con pancartas en las que denunciaban presuntos vínculos entre Edgardo Aguilar Aranda, director de la prisión, y el grupo del crimen organizado Los Zetas, informó EFE.
Las autoridades confirmaron que al menos 13 reclusos murieron en los disturbios, y que al menos 8 personas más resultaron heridas, entre ellas dos policías. Sin embargo, otros informes indican que el número de heridos podría ser incluso de 25, y que la cifra de muertos también podría aumentar.
Según EFE, las autoridades respondieron enviando 60 patrullas de la policía para restaurar el orden, y al secretario de Gobierno, Manuel González Flores, para que negociara con los reclusos.
González le dijo a la prensa que los disturbios se iniciaron por las condiciones carcelarias. Sin embargo, los familiares de los reclusos dicen que los presos están reaccionando por un plan del director de la prisión para traer miembros de Los Zetas para que ejerzan control sobre la prisión, una afirmación que se sustenta por una pancarta puesta sobre una pared y en la que se lee "No queremos al director Z", afirmó AFP.
Según el informe de EFE, los prisioneros amotinados estaban vinculados con el Cartel del Golfo, organización que dio origen a Los Zetas, pero que desde hace tiempo es su gran enemigo.
Este incidente es el segundo violento motín que se presenta en la cárcel de Cadereyta este año, después de que cuatro personas murieron durante disturbios en el mes de marzo.
Análisis InSight Crime
El sistema penitenciario de México, como muchos otros de la región, sufre de falta de recursos financieros y de altos niveles de hacinamiento, una situación que, según algunos expertos, ha llevado a que los prisioneros mismos controlen hasta un 60 por ciento de las instituciones.
Si al régimen de los presos se le agrega el problema de la corrupción, se tiene el caldo de cultivo para que el crimen organizado establezca su dominio, extorsionando a los internos y controlando los flujos de contrabando.
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Los Zetas en particular han demostrado tener habilidades para crear redes criminales al interior de las cárceles, en particular en el caso de un centro penitenciario en el estado de Coahuila, Piedras Negras. Las investigaciones han revelado que Los Zetas supuestamente convirtieron la cárcel en una base de operaciones. La han utilizado para deshacerse de los cadáveres de unas 150 víctimas y han permitido la fuga de más de 130 internos. También han fabricado uniformes y chalecos a prueba de balas y han modificado coches dentro de la prisión para ocultar drogas y armas, todo ello en complicidad con las autoridades estatales.
En otro caso, las autoridades de la prisión de Gómez Palacio, en Durango, supuestamente les permitieron a los internos de Los Zetas que salieran de la cárcel para llevar a cabo varios asesinatos, incluyendo la masacre de 17 personas en 2010.
Algunos exconvictos le dijeron a Vice News que Cadereyta no estaba sometida al control del crimen organizado anteriormente. Sin embargo, tras las protestas de marzo, que supuestamente se dieron como respuesta a unas nuevas medidas de seguridad, es posible entender que un acuerdo con Los Zetas sería una propuesta tentadora para el director de la prisión, pues les permitiría a las autoridades ejercer nuevos niveles de control sobre los internos revoltosos, y les proporcionaría ganancias a los funcionarios corruptos que facilitan sus actividades.
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