El vicepresidente de El Salvador ha insinuado que los nuevos índices de violencia en el país son un costo inevitable de la estrategia de seguridad del gobierno, lo que suscita interrogantes sobre la sostenibilidad de dicha política.
Un día después de que en todo el país se cometieran 31 homicidios, el vicepresidente Óscar Ortiz fue citado diciendo que las recientes masacres de El Salvador representan "el alto costo" que paga el país en sus esfuerzos por consolidar la seguridad, informó La Prensa Gráfica.
El día anterior, habían sido asesinados 11 trabajadores en un homicidio múltiple en San Juan Opico, y se registraron otros dos incidentes de homicidio múltiple el día de los comentarios del vicepresidente. No es claro si los homicidios tenían relación con las pandillas.
Ortiz caracterizó las últimas olas de violencia como reacción a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del gobierno para atacar las estructuras y las operaciones criminales.
"El crimen está reaccionando de manera irracional y lo está haciendo en formas detestables”, comentó Ortiz.
El 2 de marzo, el vicepresidente hizo comentarios similares en una entrevista en televisión.
Estamos recibiendo una respuesta indiscriminada por parte de los criminales. “De manera irracional están asesinando y están dando órdenes para generar terror en distintos puntos y esto está generando una percepción negativa”, dijo Ortiz.
Sobre cuándo podrá esperar resultados la población, el vicepresidente anunció: "Nos va a llevar un tiempo, va a ser duro, vamos a pagar una cuota importante de sacrificio, ya la estamos pagando". Añadió Ortiz, que en su ejercicio como alcalde de Santa Tecla, necesitó nueve años para traer seguridad relativa a la ciudad.
El vicepresidente añadió que al país le esperan "unos meses" de dificultades, pero anotó que el gobierno no cambiará su estrategia frente a la escalada de violencia.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios de Ortiz sugieren que los actuales picos de violencia como resultado directo de una estrategia de seguridad específica. Dicho fenómeno no carece de precedentes. Cuando México adelantó la llamada "Estrategia Kingpin" a finales de la década del 2000, bajo el gobierno de Felipe Calderón, esta se dirigió deliberadamente a los operadores de alto nivel de los carteles. La violencia llegó a su culmen cuando los vacíos de poder motivaron la mayor fragmentación y las luchas internas entre los carteles.
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Es difícil decir si en El Salvador se despliega una dinámica similar, pues allí el panorama de los actores criminales está dominado por las pandillas y no por carteles, y no hay una posición de seguridad definida, similar a la "Estrategia Kingpin” adoptada por México. El colaborador de InSight Crime y experto en seguridad de El Salvador Héctor Silva Ávalos se pregunta a qué estrategia se referirá Ortiz.
"¿Cuál es la estrategia? No hay estrategia. No sabemos nada de la estrategia. La razón por la que no sabemos es que ellos tampoco saben", replicó Silva Ávalos.
Aparte del rechazo manifiesto al diálogo con las pandillas, la administración del presidente Sánchez Cerén ha dado vueltas entre asumir una posición de mano dura y una estrategia menos militarista, y ha dado traspiés a la hora de articular una estrategia de seguridad clara y detallada desde que subió al poder en 2014.
Como lo informó anteriormente InSight Crime, en repetidas ocasiones el gobierno ha atribuido los índices récord de homicidios en El Salvador a la violencia entre pandillas, pese a los informes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte.
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