Una popular figura de la oposición en Venezuela murió en una aparente ejecución extrajudicial, luego de un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad, que usaban armas de grueso calibre. Esto lo convierte quizás en la persona de más alto perfil en ser víctima de los operativos de seguridad del gobierno, los cuales, según los críticos, van dirigidos contra los disidentes políticos y no tanto contra la delincuencia organizada.
El 15 de enero, las fuerzas de seguridad de Venezuela asesinaron a Óscar Pérez, exoficial de la policía judicial y actor de películas de acción, quien se dio a conocer luego de liderar un ataque, en junio de 2017, en el que él y otros agentes dejaron caer granadas y abrieron fuego sobre el Tribunal Supremo, desde un helicóptero robado, en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.
Un boletín de prensa del gobierno describió a Pérez como cabecilla de un “grupo terrorista”. Según el ministro del interior Néstor Reverol, el operativo terminó con la captura de seis miembros del grupo, y las muertes de otros siete, Pérez incluido. En videos del enfrentamiento se mostraba que las fuerzas de seguridad usaron lanzagranadas y armas automáticas para atacar a los sospechosos. También se muestra a Pérez y sus compañeros rindiéndose y pidiendo a las autoridades detener los disparos.
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En un video publicado en redes sociales durante el operativo, aparecía Pérez ensangrentado, mientras explicaba que las autoridades trataban de asesinarlo a pesar de que había ofrecido entregarse.
La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) comentó en Twitter que hubo una “posible ejecución extrajudicial” durante el operativo, pero no se ha confirmado la información.
Análisis de InSight Crime
El sanguinario enfrentamiento con miembros de un grupo opositor es una cruda señal de que la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado prioridad al uso de las fuerzas de seguridad para eliminar a sus enemigos políticos, y no tanto para contener la delincuencia fuera de control, en especial al crimen organizado dedicado al tráfico de drogas internacional.
Una investigación publicada en octubre de 2017 mostraba que las operaciones conjuntas entre policías y militares, conocidas como “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) había creado una forma de “terror de estado” en el país, y ocasionado la muerte de al menos 560 personas. Los críticos han dicho que esos operativos son una manera de transferir el control territorial a grupos armados afines al gobierno, llamados “colectivos”, a quienes se ha vinculado con violencia y crímenes de carácter político.
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La administración de Maduro mantuvo este modelo de uso de las fuerzas de seguridad y la política de mano dura para eliminar a sus críticos durante las protestas encabezadas por la oposición, que se realizaron en toda Venezuela entre marzo y agosto de 2017. Naciones Unidas halló que las fuerzas de seguridad fueron responsables de por lo menos 46 de las más de 150 muertes ocurridas durante las manifestaciones. Por otra parte, notas de prensa señalan que esa cifra es mucho mayor. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las fuerzas de seguridad fueron responsables de más del 20 por ciento de los homicidios registrados en Venezuela en 2017. Esta cifra incluye también a los 39 presos que murieron en una intervención policial-militar en una cárcel ubicada en el estado Amazonas, al suroriente del país.
El uso de armas y vehículos de guerra, la participación conjunta de militares y policías, y las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales son el denominador común en todos los casos referidos, incluida la muerte del expolicía Óscar Pérez.
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