El estado brasileño de Rio de Janeiro presenció una operación masiva con el fin de capturar casi 100 agentes de la policía militar acusados de colusión criminal, que se suma a un creciente acervo probatorio, muestra del fracaso de la política de militarización de la seguridad en el estado.
Las autoridades de Rio de Janeiro emitieron órdenes de captura para 96 agentes de la policía militar en servicio y retirados, así como para 71 sospechosos de narcotráfico, anunció el Ministerio Público del estado en un boletín de prensa del 29 de junio. Los medios locales han descrito los esfuerzos por garantizar su captura como el mayor operativo de la historia para combatir la corrupción policial en Rio.
A los agentes —todos del séptimo batallón de la Policía Militar de Rio de Janeiro, que opera en el municipio de São Gonçalo, en las afueras de la capital del estado— se los acusa de aceptar sobornos a cambio de la prestación de diversos servicios a los criminales, que incluyen protección a narcotraficantes, suministro de armas e incluso ejecución de secuestros en su nombre.
Elementos corruptos de varias unidades, entre ellos las unidades de policía táctica, móvil y comunitaria similares a las implementadas en la ciudad de Rio de Janeiro realizarían rondas de vigilancia entre jueves y domingo con el único fin de cobrar sus deudas criminales, sostienen las autoridades. El valor de los sobornos supera los 350.000 reales brasileños (algo más de US$100.000) semanales, según informes.
Análisis de InSight Crime
Aunque puede que no haya precedentes de la escala del caso más reciente en Rio de Janeiro, la corrupción en la policía militar del estado no es nueva. Más aún, la corrupción policial —además de la brutalidad generalizada contra la población civil— han minado la confianza del público en los organismos de orden público y contribuido al fracaso de la actual política de militarización de la seguridad en el estado.
Un sondeo oficial ordenado por el Ministerio de Justicia y las Naciones Unidas en 2013 halló que la policía militar del estado de Rio de Janeiro es la más corrupta del país. Un ejemplo destacable de la criminalización de las fuerzas de seguridad en Rio son las “milicias”, que se han convertido en un componente importante del hampa criminal local.
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Este último caso es una evidencia más de que el despliegue de fuerzas de seguridad militares en la lucha contra el crimen organizado, una estrategia que sigue teniendo mucha acogida en toda la región, no reduce de ningún modo las posibilidad de que haya corrupción. De hecho, poner a la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado a agentes de seguridad con bajos salarios —que no solo operan, sino que muchas veces también viven en favelas peligrosas— crea de por sí un incentivo para que delincuentes con ingentes recursos financieros intenten cooptar o corromper a estos agentes, sin que importe (o quizás por eso justamente) su importante poder de fuego y su know-how táctico.