Las drásticas medidas tomadas por Venezuela para asegurar su frontera con Colombia ya alcanzan el estado sureño de Amazonas, pero aunque el presidente Maduro repite sus advertencias sobre el ingreso de paramilitares de extrema derecha, a los dirigentes locales les preocupan más las guerrillas de izquierda que ya se encuentran allí.
El 26 de octubre, el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró el estado de excepción en el municipio de Atures, capital del estado sureño de Amazonas, en respuesta a lo que alegó era la creciente amenaza de los grupos paramilitares, el narcotráfico y el contrabando de extracción, según El Nacional.
El estado de excepción concede amplios poderes a las fuerzas de seguridad para realizar allanamientos, interceptar comunicaciones privadas y restringir la libre circulación y reunión en el área. Según la ley venezolana, el estado de excepción puede prolongarse hasta por 60 días antes de que se requiera una extensión oficial.
La maniobra fue tildada de “hipócrita” por el gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, quien afirmó que llevaba mucho alertando sobre la amenaza de los grupos guerrilleros de izquierda colombianos para la región, pero no había tenido respuesta del gobierno. En lugar de eso, Guarulla afirma que la declaración tiene una motivación política, pues está diseñada para infundir temor y limitar la movilidad de los residentes antes de las elecciones.
Análisis de InSight Crime
El anuncio de nuevas medidas de seguridad en Amazonas hace parte de una serie de acciones similares tomadas en los estados limítrofes de Apure, Táchira y Zulia, y ahora el gobierno venezolano ha impuesto estados de excepción en al menos una parte de los estados que bordean la frontera entre Venezuela y Colombia. La razón de esas medidas drásticas de seguridad ha sido, según se dice, detener el flujo de estupefacientes y en la frontera y evitar el avance de grupos paramilitares colombianos. Sin embargo, la decisión de extenderlo al estado de Amazonas arroja mayores dudas sobre las motivaciones ya sospechosas del gobierno.
A lo largo de gran parte de la frontera Colombia-Venezuela, los remanentes criminalizados de los grupos paramilitares colombianos operan sin duda a ambos lados y se benefician del contrabando y el transporte de droga, si bien hay poca evidencia que respalde las denuncias venezolanas de que además intentan ganar influencia política en el país.
Sin embargo, como lo hace notar Guarulla, en mucha parte de la región limítrofe, los grupos guerrilleros de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen mayor presencia y plantean una amenaza mayor a la seguridad, y pese a ello son los grandes ausentes en los vehementes discursos de Maduro sobre la seguridad fronteriza. Aunque no es de sorprender dadas las denuncias persistentes de que facciones del estado venezolano cooperan secretamente con los insurgentes, también plantea preguntas sobre las aseveraciones del gobierno, ya que la guerrilla también se beneficia del narcotráfico y el contrabando en la región. En Amazonas, por ejemplo, el frente 16 de las FARC tiene presencia a ambos lados de la frontera y participa en el transporte de cocaína hacia Venezuela.
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Además, el hecho de que la estrategia sólo se dirija a un puñado de estados con gobernadores de la oposición y surja a sólo un mes de las elecciones parlamentarias da peso a la teoría de que Maduro y su gobierno tienen más interés en usar los problemas de seguridad en la región fronteriza para ganar fuerza en el terreno político que para resolver dichos problemas.